El PP se convierte en el primer partido condenado por corrupción

rtve La sentencia de la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional referida a los primeros años de actividades de la trama Gürtel ha condenado a los principales cabecillas, al extesorero del PP Luis Bárcenas y ha convertido al Partido Popular en el primer partido político en democracia condenado por corrupción, en un juicio en el que también se vio por primera vez a un presidente del Gobierno en ejercicio, Mariano Rajoy, declarando como testigo.

El PP ha sido declarado partícipe a título lucrativo por su implicación en los primeros años de esta trama corrupta, los comprendidos entre 1999 y 2005, y tendrá que pagar una multa de 245.492 euros por beneficiarse de Gürtel a través de sus exalcaldes en Majadahonda y Pozuelo [ver sentencia del caso Gürtel, en pdf].

El caso Gürtel ha juzgado el entramado liderado por Francisco Correa para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos en connivencia con responsables del PP en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el Ayuntamiento de Madrid y los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, así como en la localidad malagueña de Estepona. Según la Fiscalía Anticorrupción, con esta operativa se ocultaron al fisco más de 40 millones de euros.

Según la sentencia, que recoge hasta doce tipos de delitos diferentes (entre ellos, asociación ilícita, fraude, cohecho, malversación, blanqueo, delitos contra Hacienda o tráfico de influencias) y condena a 29 de los 37 acusados, el PP nacional es el responsable de la financiación irregular.

En esa línea, la sentencia condena como partícipes a título lucrativo al PP, a la exministra Ana Mato (casada entonces con el exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda) y a Gema Matamoros (esposa del que fuera alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega). La resolución incluye un voto particular del magistrado y presidente del tribunal, Ángel Hurtado, que propone la absolución del PP y de cuatro de los acusados.

De qué se lucró el PP con la trama Gürtel
Según los hechos que la sentencia considera probados, el PP obtuvo “un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado” derivado del “auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional” construido en una “estructura de colaboración estable” entre los años 1999 y 2005 .

Los precios inflados, las comisiones recibidas por las adjudicaciones públicas o diferentes regalos como viajes, fiestas, celebraciones, etcétera, de los que se lucraron los políticos implicados y sus familiares son parte de ese lucro personal recibido de la trama corrupta y por el que se condena a Ana Mato y Gema Matamoros.

Y, según los jueces, otras cantidades detraídas sirvieron para pagar gastos electorales o fueron a parar como donaciones finalistas -o sa, para un fin especifico- a la ‘caja B’ del partido, “una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989”. No obstante lo anterior, el dinero de esta contabilidad B, que anotaba el extesorero Luis Bárcenas -pieza fundamental en la trama organizada por Correa, según el tribunal- y que este habría distribuido entre el partido y sus dirigentes, no es objeto de este juicio ni de esta sentencia.

Así, se sufragaron actos electorales organizados por las empresas de Correa en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón cuando Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda eran candidatos. Es decir, los delitos cometidos por la trama Gürtel “produjeron beneficios económicos cuantificables al Partido Popular, consistentes en la financiación ilegal de actividades y actos políticos” en campaña y precampaña.

Al constatarse que hubo un enriquecimiento ilícito, la sentencia establece que el partido deberá abonar 133.628,48 euros por los actos celebrados en Majadahonda y 111.864,32 por los de Pozuelo.

Y es el PP a nivel nacional el que debe responder, y no los grupos municipales, porque el tribunal entiende que fue el partido el beneficiado de esta actividad ilícita y porque el grupo municipal no es quien sufraga los gastos, como declaró en el juicio el testigo Pío García Escudero.

Voto particular en contra de la participación del PP
Sin embargo, el juez Ángel Hurtado, presidente del tribunal de tres magistrados que firman la sentencia, ha emitido un voto particular en contra de la condena al PP, del cual señala “su total ausencia de participación en los hechos delictivos y su desconocimiento” de estos.

El magistrado, que en su día también se opuso a la declaración de Rajoy como testigo en el juicio, argumenta en un voto particular de casi cien páginas que no cree que se pueda concluir que el PP y el grupo de Correa mantuvieran una estructura de colaboración estable a partir de la existencia de la caja B que llevaba el tesorero Luis Bárcenas y del puntual lucro en las elecciones municipales de Majadahonda y Pozuelo.

De hecho, considera que la sentencia que avalan sus compañeros de tribunal no explica por qué sostiene que el PP conocía lo que hacían sus grupos en estos municipios, ya que “Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda estaban actuando a espaldas de su partido”.

Para este juez, “los auténticos beneficiarios (…) fueron quienes se beneficiaron realmente de las cantidades que proporcionó Francisco Correa”, y argumenta que si en tiempo de elecciones el grupo municipal quedaba “vacío de contenido”, como declaró García Escudero, y dado que Correa pagaba directamente a los candidatos, “se ve con más claridad la distancia que hay entre esas irregulares entregas y el PP nacional”

El ‘no’ precedente del PSOE y Filesa
De esta manera, el PP es el primer partido político en España condenado por un caso de corrupción, ya que el precedente del PSOE y Filesa, al que muchas veces se ha aludido desde las filas ‘populares’, no es propiamente una condena.

Es cierto que el Partido Socialista se financió ilegalmente en el escándalo de corrupción del caso Filesa, que estalló a principios de la década de los noventa, como estableció el Tribunal Supremo, pero aunque dicha financiación irregular quedó acreditada, en la sentencia final, en 1997, el PSOE no figuraba entre los condenados, porque no existía el delito tipificado de financiación ilegal, que no se introdujo en el Código Penal hasta 2015.

En la sentencia del caso Filesa se condenó a dos cargos del PSOE: un dirigente del PSC (Josep Maria Sala) y un senador (Carlos Navarro), pero ningún miembro de la dirección socialista ni de la gerencia del partido fueron condenados.

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