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El PP ve un “posible delito de prevaricación” en la concesión de ayudas del bono-infantil y estudia acciones judiciales

La portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha advertido de un “posible delito de prevaricación administrativa” por parte del director general que “ha firmado la resolución del bono-infantil tras denegar las ayudas sin atender a los documentos aportados en las alegaciones de las familias”, y ha apuntado que están “estudiando emprender las correspondientes acciones judiciales para defender al sector y a las familias perjudicadas”.

Gascó ha considerado mediante un comunicado que “la mala planificación y el poco interés de Marzà han provocado el caos en el bono infantil”. Además de la falta de planificación, “la gota que ha colmado el vaso ha sido la publicación de la resolución definitiva denegando, de forma masiva, las alegaciones presentadas para paliar los errores informáticos cometidos por Educación”. “Una vez más se demuestra que a los botánicos les va muy grande la gestión porque su prioridad no son las personas, sino la imposición de su modelo educativo”, ha señalado Gascó.

La Portavoz de Educación ha indicado que “este curso Marzà ha decidido rescindir el contrato que tenía con la empresa gestora para gestionar las ayudas del bono-infantil y ahora la propia Conselleria ha asumido toda la tramitación provocando un error generalizado”. “Las numerosas equivocaciones han provocado un revuelo enorme en el sector tras la denegación masiva por parte de la Conselleria de la subsanación de documentación”, ha agregado.

Asimismo, Gascó ha añadido que el nuevo modelo ha sido “desastroso”: “por una parte, la nueva situación ha provocado que aumente la carga de trabajo de gestión en los directores de centros, pues el talonario lo sustituye un pdf que se generará todos los meses con el consiguiente caos para lograr la firma de los padres cada mes”, ha añadido.

“Pero lo más grave –ha continuado– es que en el periodo de alegaciones abierto en septiembre más de 3.000 familias tuvieron que aportar nuevos datos, dado lo farragoso de la tramitación. Más del 90% (2.754) han sido denegadas sin dar razón y sin revisar la documentación aportada excusándose en pérdidas de documentación y saturación en el correo electrónico de bono-infantil”.

Gascó ha indicado que “los centros se encuentran en un estado de caos e indefensión total por la mala gestión de la propia Conselleria que han perjudicado a miles de familias sin dar explicaciones”. Ante todo esto “es más que evidente la posible prevaricación administrativa del director general, por denegar ayudas sabiendo que sí se cumplían los criterios para su concesión y, ante esta situación, desde el GPP estamos estudiando emprender las correspondientes acciones judiciales para defender al sector y a las familias perjudicadas”, ha manifestado.

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