El Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) ha demandado al Gobierno nacional la implementación de políticas fiscales “efectivas” que faciliten el acceso a la vivienda y contrarresten el aumento de los precios. Fernando Pastor, portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, subrayó la necesidad de una estrategia “seria y decidida” en este ámbito. Asimismo, resaltó los esfuerzos del Consell, que considera la vivienda un “derecho irrenunciable”, y destacó la iniciativa del Plan Vive, que busca construir 10,000 viviendas de protección pública en los próximos cuatro años.
Pastor criticó la gestión del anterior gobierno del Botànic, al que responsabiliza de colapsar el parque público y provocar inseguridad jurídica, incrementando así las dificultades para acceder a la vivienda. Indicó que la Generalitat ha introducido deducciones fiscales para la adquisición de vivienda, especialmente orientadas a jóvenes y grupos vulnerables, de las que se han beneficiado 22,658 jóvenes con un ahorro de 33.3 millones de euros gracias a la reducción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP).
El enfoque del GPP, junto con el Consell, se centra en desarrollar un marco normativo que garantice la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario y promueva la incorporación de viviendas vacías al mercado de alquiler asequible, incrementando así la oferta disponible. Se ha solicitado también al Consell la modernización del sistema de gestión del parque público de vivienda para su ampliación, la generación de nuevo suelo y la expansión del parque residencial de protección pública.
Asimismo, el GPP ha instado al Gobierno a flexibilizar los plazos de finalización de las obras financiadas con Fondos Next Generation de la Unión Europea en los municipios afectados por las recientes lluvias intensas. Han reclamado fondos extraordinarios del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para la construcción de viviendas de protección pública en municipios afectados por la riada del 29 de octubre de 2024, destinadas a alquileres asequibles para las familias damnificadas.
Pastor enfatizó que las modificaciones normativas necesarias deben ser impulsadas por el Gobierno para garantizar la seguridad jurídica a los propietarios y fomentar así un aumento en la oferta de alquiler. También pidió el desbloqueo de la reforma de la Ley del Suelo, ya aprobada por el Senado, para asegurar una planificación urbanística equilibrada que permita la producción de viviendas de protección pública necesaria en la Comunidad Valenciana.
