Valencia Noticias | Agencias.- El presidente boliviano Evo Morales condenó esta mañana el asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, a manos de los manifestantes mineros la noche del jueves pasado, y denunció que existe una conspiración contra su gobierno, según informó rne.
Morales calificó a Illanes como “héroe defensor de los recursos naturales” y puntualizó que su muerte “duele mucho”, tras lo cual apuntó que lo sucedido constituye una “actitud cobarde”, ya que la autoridad boliviana fue secuestrada y torturada.
Dijo que “el pueblo boliviano y los movimientos sociales luchamos para recuperar los recursos naturales”.
El ministro boliviano de Gobierno, Carlos Romero, confirmó anoche el asesinato de Illanes en la región de Panduro, distante 186 kilómetros de La Paz, luego que fue tomado como rehén por mineros cooperativistas inconformes cuando intentaba promover el diálogo.
Los hechos se produjeron en medio de una protesta que derivó en enfrentamientos entre los cooperativistas mineros y la Policía por el control de la principal carretera de Bolivia.
El gobernante boliviano enfatizó que el diálogo siempre estuvo abierto con los mineros y descartó que se haya instruido a la policía que portara armas letales en los puntos de bloqueo levantado por los mineros para despejar las vías tomadas.
Morales se reunió este viernes con el gabinete de ministros y líderes del Congreso, tras lo cual el gobierno declaró duelo nacional por tres días debido a la muerte de Illanes.
Esta víspera, medios locales reportaron que los intentos de la policía por desalojar a los cooperativistas que bloqueaban la ruta habían provocado la muerte de dos mineros en la región de Cochabamba, identificados como Fermín Mamani, de 29 años, y Severino Ichota, de 45.
La Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin), que agrupa a unos 150 mil cooperativistas mineros, exige que el gobierno retire una ley promulgada el pasado viernes que prevé la sindicalización de trabajadores empleados en empresas cooperativas, excepto las minas.
Las autoridades bolivianas consideran que las cooperativas mineras actúan en realidad como empresas privadas que emplean a trabajadores en condiciones de explotación.
