Los socialistas denuncian que 650 viviendas levantadas sobre suelo público de València quedarán en manos de promotoras privadas y critican la subida del precio máximo de la vivienda protegida. Borja Sanjuan sostiene que una promoción directa del Ayuntamiento permitiría precios un 15% inferiores en venta y hasta un 50% más bajos en alquiler.
El PSPV-PSOE de València ha abierto un nuevo frente contra la política de vivienda del gobierno municipal de María José Catalá. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Borja Sanjuan, acusa al ejecutivo local de utilizar suelo de titularidad pública para favorecer el negocio de promotores privados y cuestiona las consecuencias que tendrá la subida del precio máximo de la vivienda de protección oficial.
La denuncia socialista se centra en 650 viviendas construidas sobre suelo público que, según sostiene el grupo municipal, han quedado en manos de promotoras privadas.
Para el PSPV, el modelo elegido por el gobierno municipal supone renunciar a utilizar directamente ese patrimonio público para ampliar el parque de vivienda asequible de la ciudad.
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El PSPV cuestiona la subida del precio de la vivienda protegida
Sanjuan vincula esta situación con la reciente modificación del precio máximo de la vivienda protegida, una decisión que atribuye al Partido Popular y que critica por haberse aprobado «por decreto y en agosto».
Según la interpretación de los socialistas, el incremento de los precios máximos permitirá que las promociones desarrolladas sobre estos terrenos públicos puedan comercializarse a importes superiores a los que habrían tenido con el modelo anterior.
El PSPV sostiene incluso que, en determinados casos, esos precios podrían situarse por encima de los existentes en el mercado libre, una afirmación que forma parte de la denuncia política realizada por el grupo socialista.
Sanjuan asegura que la promoción pública permitiría viviendas más baratas
Uno de los principales argumentos planteados por Borja Sanjuan es la diferencia de precios que, según sus cálculos, existiría si fuera el propio Ayuntamiento quien promoviera directamente las viviendas.
El portavoz socialista sostiene que, mediante promoción municipal, las viviendas podrían tener un precio un 15% inferior en el caso de la venta.
La diferencia sería todavía mayor en el alquiler. Sanjuan afirma que una promoción directamente pública permitiría ofrecerlas con rentas hasta un 50% inferiores.
Estas cifras corresponden a las estimaciones difundidas por el PSPV y forman parte de su argumentación contra el modelo impulsado por el gobierno municipal.
Los socialistas denuncian el uso de suelo público para promociones privadas
El debate de fondo planteado por el PSPV afecta al modelo que debe seguir València para aumentar la oferta de vivienda protegida.
Los socialistas consideran que el suelo público debería utilizarse prioritariamente para desarrollar vivienda directamente pública, de manera que la Administración pueda mantener un mayor control sobre los precios y el destino futuro de los inmuebles.
Frente a este planteamiento, el gobierno municipal ha venido defendiendo fórmulas de colaboración con la iniciativa privada para acelerar la construcción y aumentar el número de viviendas disponibles en la ciudad.
La crítica del PSPV se dirige precisamente contra esa fórmula cuando se aplica sobre terrenos municipales.
La vivienda vuelve al centro del enfrentamiento político en València
La denuncia se produce en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales asuntos del debate municipal.
El incremento de los precios de compra y alquiler y la necesidad de aumentar la oferta de vivienda asequible han llevado al Ayuntamiento a impulsar diferentes actuaciones para movilizar suelo y promover nuevas construcciones.
El PSPV cuestiona, sin embargo, que recurrir a promotores privados sobre suelo municipal sea la fórmula adecuada para conseguir ese objetivo.
Para los socialistas, las 650 viviendas mencionadas ejemplifican un modelo en el que la Administración aporta un recurso público —el suelo— mientras que la promoción y explotación posterior queda en manos privadas.
La controversia queda así centrada no únicamente en cuántas viviendas protegidas se construyen en València, sino también en quién las promueve, a qué precio llegan finalmente a los ciudadanos y qué papel debe desempeñar el Ayuntamiento en su construcción y gestión.
