El concejal del grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia Vicent Sarrià ha anunciado que presentará una moción a la próxima Comisión de Urbanismo para solicitar desatascar un espacio verde en la pedanía de Benifaraig proyectado en un PAI que la adjudicataria “mantiene paralizado desde hace cinco años, sin que el equipo de gobierno haga nada al respecto”.
Sarrià ha asegurado que a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, “le gusta decir que cada valenciano y valencianas tiene un jardín a menos de 300 metros. Esta afirmación en general no es verdad, en el caso de la pedanía de Benifaraig se traduce en que no existe ninguna de las tres zonas verdes previstas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)”.
¨El único jardín del que podrían estar disfrutando los vecinos y vecinas de la zona forma parte de un PAI que la adjudicataria tiene paralizado desde hace ya cinco años, sin que el equipo de gobierno haya tomado ninguna medida para resolver esta situación”, dijo Sarría
En julio de 2007 se adjudicó el Programa de Actuación Integrada (PAI) de la unidad de ejecución 3-B del Plan de Reforma Interior de Benifaraig a Cavilga S.A. para que desarrollara esta zona donde se incluye el jardín con una superficie de 946 m2,, con el edificio del antiguo patronato de San José para uso público.
“Cinco años después, todavía no se ha aprobado el proyecto de reparcelación porque la citada mercantil no aporta un nuevo proyecto de reparcelación exigido por los técnicos municipales. Evidentemente hasta que no se apruebe la reparcelación, no podrán urbanizarse los terrenos para que los vecinos y vecinas disfruten del jardín”.
Además, Sarrià ha precisado que hasta finales del mes mayo de este año no habían presentado un nuevo proyecto modificado de urbanización, en el que solicitaban la retasación de cargas del PAI.
Por ello, ha anunciado que los socialistas solicitarán en la Comisión de Urbanismo de mañana lunes exigir a la empresa “el cumplimiento de las condiciones de adjudicación del PAI de la UE-3 de Benifaraig adjudicado en julio de 2007, concediéndole tres meses como máximo para iniciar las obras de urbanización”.
También, proponen que se le apliquen “sanciones económicas previstas en la LUV o la pérdida de la condición de agente urbanizador, en caso de incumplimiento”.
VLCCiudad/Redacción
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