El pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó en junio de 1998 el Plan de Reforma Interior PRI y de Protección del entorno de las Atarazanas del barrio de El Grao, en desarrollo del ámbito de planeamiento diferido del PGOU.
En base a dicho planeamiento el ayuntamiento aprobó un proyecto de expropiación para abrir viales y ampliar la parcela del Instituto del Grao situado en el entorno de las Atarazanas, pero en la fase de tramitación del mismo, mediante Sentencia del TSJCV de 27 de diciembre de 2003 se falló anular y dejar sin efecto el acuerdo de aprobación del citado Plan.
La causa de anulación del plan vino motivada porque el ámbito del PRI era muy superior al previsto en el PGOU e incluía terrenos edificables de un promotor, que fue quién presentó el contencioso.
De esta manera tuvo que redactarse nuevamente el PRI que se aprobó definitivamente en enero de 2006.
Sin embargo, tal como ha denunciado hoy el concejal socialista Vicent Sarriá, el ayuntamiento no sólo siguió con el expediente de expropiación iniciado, sino que además aprobó la urgente ocupación de los terrenos, sin tener en cuenta que el planeamiento estaba anulado y por tanto desapareció la causa de la expropiación y se ocuparon las fincas de los titulares sin cobertura jurídica alguna , ante la ausencia de planeamiento.
Por este motivo, los titulares de los terrenos recurrieron y ahora se ha conocido la sentencia por la que el ayuntamiento debe pagar a los afectados 6 millones de euros, ya que se valoran los terrenos ocupados en 3.617.971 euros; la responsabilidad patrimonial por la ocupación ilegal en 1.085.392 € y el resto hasta los 6 millones en intereses desde la fecha de la reclamación en junio de 2005.
Pero además, como comenta Sarriá, el ayuntamiento oculta la sentencia, la tiene secuestrada en un cajón, no la ha acatado y no tiene consignación presupuestaria para pagarla, tal como consta en los presupuestos de 2013, a los que los propietarios de estos terrenos han realizado una reclamación.
El edil Sarriá acusa al equipo de gobierno de ¨insumisión intolerable
Para el concejal socialista es una mala práctica urbanística más del Gobierno Municipal que está causando tanto perjuicio económico a los valencianos, pero además ocultar sentencias y no acatarlas se situaría en el ámbito de una insumisión intolerable, seguramente para esconder su nefasta gestión de los intereses públicos en la tramitación de la expropiación, y ante la evidencia del desastre económico a que han llevado a la ciudad tras 21 años de gobierno.
Se presupuestan cuatro millones cuando hay sentencias por valor de 21 y un desfase de 23
Hace unos días el grupo Socialista denunció que el presupuesto para 2013 incluía tan solo una partida de 4 millones de euros para expropiaciones, cuando había resolución y sentencias por importe de 21 millones de euros, luego había un desfase de 17 millones de euros.
Ahora, tras conocer que esta sentencia está secuestrada en un cajón, a este desfase presupuestario habrá que sumarle estos seis millones de euros, hasta alcanzar los 23 millones de euros de deuda.
Sarriá insiste una vez más en que las malas prácticas urbanísticas del gobierno del consistorio valenciano y el despilfarro de las expropiaciones son una de las principales causas de la ruina económica a la que la alcaldesa ha llevado a esta ciudad tras 21 años de gobierno. La cantidad gastada en expropiaciones en estos 21 presupuestos municipales está ya en 450 millones de euros.
VLC Ciudad/Redacción
