El documento recoge presuntas irregularidades relacionadas con el presidente y su entorno, mientras el PP cuestiona su autoría y exige que las acusaciones se presenten ante la Justicia

Un dossier de autoría desconocida sobre el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se convirtió este miércoles en uno de los principales asuntos de la segunda y última jornada del debate de política general celebrado en Les Corts Valencianes.

El síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, exhibió el documento desde la tribuna y aseguró que contiene información “contundente” y sospechas sobre posibles delitos que podrían afectar al presidente y a personas de su entorno.

Muñoz admitió que desconoce quién elaboró el informe y explicó que el equipo jurídico socialista analizaría su contenido para determinar las actuaciones legales correspondientes. Horas después, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, anunció que el partido presentará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción “ante la gravedad de los hechos recogidos”.

El anuncio no significa que los hechos descritos en el dossier estén acreditados judicialmente. Hasta el momento, el PSPV ha comunicado su intención de denunciar, pero no se conoce una resolución judicial ni una investigación que confirme las sospechas recogidas en el documento.

Operaciones urbanísticas y sociedades del entorno

Las informaciones publicadas sobre el dossier apuntan a operaciones urbanísticas desarrolladas durante la etapa de Pérez Llorca como alcalde de Finestrat, así como a propiedades familiares, sociedades y relaciones profesionales de personas próximas al presidente.

Una de las operaciones mencionadas sería un plan urbanístico iniciado poco antes de que Pérez Llorca asumiera la Presidencia de la Generalitat y que permaneció bloqueado durante alrededor de diez meses. El informe también habría analizado reuniones de responsables de Urbanismo con empresarios y con el abogado David Serra.

El documento cifra en más de 20.000 metros cuadrados los terrenos familiares localizados en Finestrat a nombre de sociedades o familiares directos del presidente. También examina empresas vinculadas a personas de su entorno, aunque algunas de las operaciones señaladas habrían sido declaradas legalmente a Hacienda.

La autoría del dossier continúa sin conocerse. Según las informaciones publicadas, alguien habría encargado a un detective o investigador la recopilación de datos y seguimientos, pero la dirección nacional del PP niega haber recibido formalmente ese informe.

Pérez Llorca: “Si me lo dan, lo llevo personalmente al juzgado”

El presidente de la Generalitat ha negado estar preocupado por el contenido del documento y ha retado a quienes lo consideran creíble a acudir a los tribunales.

“Si alguien dice que tiene un dossier y no lo lleva al juzgado, o está mintiendo o sabe que no hay nada”, manifestó Pérez Llorca. El presidente añadió que, si recibe el informe, lo llevará personalmente ante la Justicia para que se investigue tanto su actuación como la de su entorno.

Pérez Llorca acusó al PSPV de recurrir a “las cloacas” para perjudicarlo políticamente y afirmó encontrarse “supertranquilo”.

El PP habla de “burla”

El síndic del PP en Les Corts, Fernando Pastor, calificó de “burla” que el PSPV conceda credibilidad a un documento anónimo. Según afirmó, el informe podría estar firmado “por Mortadelo y Filemón”.

Los populares reclaman que cualquier acusación concreta se presente ante la Justicia y consideran que los socialistas están utilizando un documento sin firma para dañar la imagen de Pérez Llorca y condicionar su posible candidatura en las elecciones autonómicas.

El dossier también aparece en un momento de incertidumbre interna en el PP valenciano. La dirección nacional todavía no ha confirmado a Pérez Llorca como candidato para los próximos comicios y diversas informaciones apuntan a que Génova habría recibido quejas internas sobre personas de su entorno.

La anunciada entrega del informe a la Fiscalía trasladará ahora el enfrentamiento político a otro escenario. Será Anticorrupción quien tendrá que decidir si el documento contiene indicios suficientes para iniciar diligencias o si las acusaciones carecen de base penal.