La aplicación del Real Decreto 933/2021 genera rechazo en el sector turístico de Valencia, que considera esta medida como un obstáculo administrativo y amenaza con acciones legales para frenar su inminente entrada en vigor.
El próximo 2 de diciembre marca la fecha en la que el Real Decreto 933/2021 comenzará a aplicarse en todo el territorio nacional. La normativa exige a empresas del sector turístico recabar datos personales detallados de los clientes y mantener un registro accesible para las autoridades. En Valencia, uno de los destinos turísticos más importantes de España, el anuncio ha encendido las alarmas entre empresarios, asociaciones hoteleras y plataformas de viviendas turísticas.
¿Qué exige la nueva normativa?
El Real Decreto obliga a todos los establecimientos de alojamiento, desde hoteles hasta viviendas de uso turístico, a documentar información exhaustiva de sus clientes. Esto incluye datos de identidad, itinerarios de viaje, reservas realizadas y otros registros que puedan considerarse relevantes para las autoridades.
El objetivo oficial es mejorar la seguridad, identificar actividades ilícitas y facilitar la cooperación con organismos de control. Sin embargo, desde el sector turístico consideran que estas obligaciones son desproporcionadas y plantean problemas logísticos y de privacidad que no han sido abordados adecuadamente.
Críticas del sector
Empresas y asociaciones valencianas han calificado el decreto de “inviable” e “inaceptable”, especialmente por la carga que supone para pequeñas y medianas empresas. Estas entidades denuncian que la normativa no tiene en cuenta las características reales de la industria turística, que ya enfrenta desafíos significativos derivados de la reciente DANA y la recuperación pospandemia.
Ángeles Serrano, portavoz de la Asociación de Hoteleros de Valencia, explicó:
“Se nos impone una responsabilidad que excede nuestras capacidades y que debería corresponder únicamente a las autoridades. Además, esto puede ahuyentar a los turistas, quienes valoran cada vez más la protección de sus datos personales.”
Por su parte, José Vicente Pascual, representante de una plataforma de viviendas turísticas, apuntó que la medida podría reducir drásticamente las reservas:
“Muchos viajeros podrían optar por destinos donde no se les exija entregar tanta información, afectando gravemente al turismo en Valencia.”
Impacto económico y social en Valencia
El turismo representa uno de los pilares de la economía valenciana, generando miles de empleos y un flujo constante de ingresos. Con la entrada en vigor del decreto, el sector teme que los costos asociados a su implementación, sumados a posibles reducciones en la demanda, perjudiquen gravemente a pequeñas empresas y autónomos.
Además, la medida coincide con el esfuerzo por recuperar el turismo tras los efectos devastadores de la DANA, que causó estragos en infraestructuras y en la percepción de Valencia como un destino seguro y estable.
Posibles acciones legales
El sector no descarta llevar el caso a los tribunales. Diversas asociaciones, incluidas la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y Hosbec, han manifestado su intención de explorar vías legales para frenar o modificar la normativa.
Abogados especializados en derecho turístico argumentan que el decreto podría violar normativas europeas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Según Antonio García, experto en la materia:
“El decreto genera dudas sobre la proporcionalidad de las medidas y sobre cómo se garantizará la protección de los datos recopilados, lo que podría suponer un riesgo legal para las empresas obligadas a implementarlo.”
Respuesta del Gobierno
Desde el Ministerio del Interior han defendido la medida como esencial para mejorar la seguridad nacional y combatir el terrorismo y el crimen organizado. Según fuentes oficiales, la recopilación de datos se realizará respetando la normativa de protección de datos y no supondrá un perjuicio significativo para las empresas.
Sin embargo, empresarios y asociaciones señalan que esta postura ignora los costos reales de la implementación y la falta de apoyo técnico ofrecido a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas.
Un momento crítico para el turismo
La entrada en vigor del decreto llega en un momento delicado para Valencia, que intenta reforzar su posición como destino turístico competitivo. La percepción de los turistas sobre la privacidad y las trabas administrativas será clave para determinar el impacto real de la medida en el sector.
Opinión pública dividida
Mientras algunos ciudadanos consideran que el decreto podría mejorar la seguridad y prevenir delitos, otros lo ven como una intromisión innecesaria que pone en peligro la recuperación económica de Valencia.
¿Qué opinas? ¿Es esta medida una herramienta útil para garantizar la seguridad, o un obstáculo que podría dañar irreparablemente el turismo en Valencia?
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