El Senado respalda que cortar agua y luz a viviendas okupadas no sea delito

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:04 · Redacción

El Senado ha dado el primer paso para modificar el Código Penal y evitar que cortar suministros básicos —como la luz o el agua— en inmuebles ocupados ilegalmente pueda considerarse delito de coacciones. La iniciativa ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP y al apoyo del PNV, mientras que Junts se ha abstenido.

Una reforma que redefine las coacciones en casos de okupación

La proposición de ley plantea añadir un párrafo al artículo 172.1 del Código Penal para dejar claro que la interrupción de suministros en una vivienda ocupada de forma ilegal “en ningún caso podrá considerarse coacción”. Según el PP, esta aclaración busca unificar criterios y dar seguridad jurídica ante situaciones en las que, aseguran, existe confusión en los juzgados.

Los populares justifican la reforma en una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que avaló que el propietario de un inmueble pudiera cortar la luz y el agua a los ocupantes sin incurrir en delito. Esa resolución, sostienen, marcó un precedente que, a su juicio, debería aplicarse en todo el país.

El texto pasa ahora al Congreso

Tras la votación en la Cámara Alta, la iniciativa será remitida al Congreso de los Diputados. Allí puede ser tumbada en primera votación o continuar su tramitación si los grupos mantienen una posición similar a la del Senado. De prosperar, volvería a la Cámara Alta para completar el procedimiento legislativo.

El PP defiende que la medida forma parte de su estrategia contra la okupación ilegal y asegura que con esta modificación quedará garantizado que cortar suministros a los okupas no exponga al propietario a un proceso penal.

Argumentos a favor y advertencias desde la oposición

Desde el PNV, que ha votado a favor, se sostiene que la reforma clarifica escenarios en los que actualmente se producen interpretaciones muy dispares entre territorios y juzgados. Junts, en cambio, se ha abstenido al considerar que el debate sobre la okupación debe abordarse de forma más amplia.

Otros grupos han advertido de que esta medida podría generar conflictos si se aplica en casos dudosos, especialmente cuando la propiedad del inmueble o la situación social de los ocupantes no esté clara.

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