El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha solicitado a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) la implementación de “medidas urgentes” para investigar todas las denuncias relacionadas con presuntas infracciones urbanísticas y gestionar los expedientes correspondientes a la restauración de la legalidad y sanciones. Luna ha expresado su “preocupación” ante la posibilidad de que las decisiones se tomen “demasiado tarde”, lo cual podría tener “graves consecuencias para la salud pública o el medio ambiente”.
La Resolución de Recomendaciones a la Administración, emitida por el defensor del pueblo valenciano, refleja esta inquietud, considerando especialmente los “importantes retrasos” de la AVPT en responder a las denuncias ciudadanas. Luna ha puesto de relieve el “riesgo” que implica la construcción en áreas no urbanizables, como zonas inundables, en caso de lluvias intensas, un fenómeno frecuente en la Comunitat Valenciana.
Los retrasos en la gestión de denuncias por infracciones urbanísticas, según Luna, erosionan la confianza ciudadana en el sistema democrático. Ha enfatizado la necesidad de que la administración autonómica actúe con rapidez y sin dilaciones para asegurar el funcionamiento eficaz de la AVPT, cuya misión es garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística y sancionar las infracciones de gravedad.
En la resolución, se destaca que no es adecuado cargar toda la responsabilidad sobre la gestión urbanística a un único organismo autonómico sin garantizar previamente la suficiencia de recursos y capacidades para salvaguardar la legalidad, especialmente en casos graves.
Además, el Síndic ha subrayado la importancia de que la AVPT desarrolle mecanismos propios para detectar y actuar sobre infracciones de oficio, sin depender exclusivamente de las denuncias de ayuntamientos o ciudadanos. También ha insistido en que se debe asegurar el cumplimiento efectivo de las resoluciones de restauración de la legalidad y reforzar los mecanismos de ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento.
Luna ha recordado la relevancia de que las administraciones urbanísticas respondan con prontitud y decisión ante las denuncias para restaurar la legalidad urbanística. Reconoce que no siempre es fácil actuar rápidamente ante todas las violaciones urbanísticas, pero reitera que las administraciones tienen la obligación de utilizar todos los recursos necesarios para restablecer la legalidad con celeridad.
