El Síndic obliga a Catalá a detallar qué apartamentos turísticos ha cerrado realmente en València

El concejal de Compromís en València, , ha celebrado la resolución del Síndic de Greuges que obliga al gobierno municipal a facilitar el listado completo y la ubicación exacta de los apartamentos turísticos supuestamente clausurados desde el inicio del mandato.

Una resolución que desmonta el silencio municipal

La Sindicatura de Greuges ha emitido una resolución con fecha 15 de diciembre de 2025 en la que insta al a entregar la información solicitada por Compromís el pasado mes de septiembre.

El dictamen obliga a facilitar el listado individualizado y la localización exacta de todos los apartamentos turísticos clausurados durante el actual mandato, una documentación que hasta ahora el consistorio no había aportado.

El origen del conflicto: cifras sin respaldo documental

El enfrentamiento político se remonta al 20 de mayo de 2025, cuando la alcaldesa de València, :contentReference[oaicite:2]{index=2}, aseguró públicamente que el Ayuntamiento había ordenado el cierre de más de mil apartamentos turísticos ilegales desde el inicio de la legislatura.

Ante estas declaraciones, Compromís solicitó formalmente el acceso a los datos que sustentaban esas cifras. Tras no recibir respuesta efectiva, el grupo municipal presentó un recurso de amparo y posteriormente una queja ante el Síndic de Greuges.

“Un correo vacío y ninguna información real”

Según ha denunciado Puchades, el gobierno municipal comunicó a la Sindicatura que había facilitado la documentación requerida cuando, en realidad, se limitó a enviar un correo electrónico sin contenido ni referencias concretas.

El concejal considera que esta actuación supone “una burla tanto a los representantes de la ciudadanía como a una institución estatutaria como el Síndic de Greuges”.

Reconocimiento implícito de la falta de datos

Posteriormente, el propio Ayuntamiento reconoció que no había elaborado el listado solicitado, alegando que su recopilación exigía un trabajo manual incompatible con el funcionamiento ordinario del servicio.

Para Compromís, esta explicación evidencia que la concejalía competente no tiene un control real sobre cuántos apartamentos han sido clausurados ni dónde se encuentran, pese a las reiteradas declaraciones públicas del gobierno municipal.

Críticas a la política de control turístico

Puchades sostiene que la resolución del Síndic deja en evidencia que los anuncios realizados por la alcaldesa carecían de base técnica previa y no estaban respaldados por informes elaborados por los servicios municipales.

A su juicio, los anuncios sobre cierres masivos de apartamentos turísticos responden más a una estrategia comunicativa que a una actuación administrativa efectiva.

Inspecciones y sanciones bajo sospecha

El concejal de Compromís ha recordado además que, pese a las afirmaciones del gobierno municipal sobre centenares de inspecciones y sanciones, los registros oficiales solo reflejan 28 multas y 34 expedientes finalizados.

“Ahora, con la obligación de entregar la información completa, sabremos hasta dónde llegan realmente las verdades proclamadas por Catalá en materia de apartamentos turísticos”, ha concluido.

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Redacción: Redaccion