El Supremo decidirá el 5 de noviembre sobre el pago del impuesto de las hipotecas

4806032El presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez Picazo, ha convocado para el 5 de noviembre el pleno en el que se decidirá si se confirma la doctrina que atribuye a la banca el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en una hipoteca.

Según han confirmado fuentes jurídicas, así lo ha acordado el representante de la sala tras la reunión este lunes del Tribunal Supremo convocada por el presidente de la institución, Carlos Lesmes, con los seis magistrados que adoptaron dicha decisión.

En su sentencia, dictada el pasado jueves, la sección tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo determinó que era la banca, y no sus clientes, quien debía hacerse cargo del pago del gravamen en la firma de una hipoteca, fallo que contradecía uno anterior, de febrero de este año, que señalaba a los hipotecados como responsables de dicha tasa.

Una sentencia paralizada un día después por el Alto Tribunal tras el desplome de la banca en Bolsa. La marcha atrás del Supremo ha provocado que, temporalmente, varias entidades retiraran información de hipotecas en sus webs y ha dejado a muchos consumidores sin saber qué hacer.

El Consejo General del Notariado ha aconsejado tras este comunicado a estos profesionales y a sus clientes que sigan adelante con la firma de hipotecas, pero dejando constancia de que aún no está claro quién tendrá que hacer frente al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

La reunión de este lunes del presidente del Supremo, Carlos Lesmes, con los magistrados involucrados en la sentencia ha sido de carácter interno y ha tenido dos finalidades: analizar la situación creada y resolver la división dentro del Alto Tribunal.

División interna

Según exponen fuentes jurídicas a TVE, Lesmes estaría preocupado con la imagen de división y enfrentamiento que está dando el Tribunal Supremo, por lo que estaría trabajando en una conciliación y aclaración de lo sucedido.

El conflicto interno se deriva del hecho de que el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y quien paralizó los efectos de la sentencia, Luis María Díez-Picazo, afirma que no conocía el contenido de la misma, mientras que los miembros de la Sección de dicha sala que dictó la sentencia afirman que sí estaba al tanto y que participó en la admisión a trámite de la misma.

En su escrito, Lesmes respaldala actuación de los seis magistrados que suscribieron la sentencia (cinco a favor de que fuera el banco el que pagara el impuesto y uno en contra). Según el presidente, los jueces actuaron “con plena lealtad” al Supremo, así como “con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso”.

La decisión de Díez-Picazo ha levantado las críticas de algunas asociaciones judiciales. Una de ella, Jueces y Juezas para la Democracia (JpD) ha pedido este lunes la “dimisión inmediata” del magistrado por realizar una “nefasta gestión” del asunto. “Ha generado el solo alarma social, ha provocado desconcierto en la ciudadanía, que no sabe qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica”, asegura la organización.

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