La concejala del grupo de Esquerra Unida (EU en el Ayuntamiento de Valencia, Rosa Albert, ha denunciado la situación surrealista que se ha producido en el proceso de liquidación del impuesto de construcciones instalaciones y obras, ICIO, de la Ciudad de la Justicia.
La resolución del ayuntamiento por la que se aprueba la liquidación del impuesto por 3.115.995 euros fue recurrida por la Unión Temporal de Empresas denominadas “la Ciudad de la Justicia Fase II ute”.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo, recoge que ¨al tratarse de una obra de interés general se debía haber pedido la exención desde la Consellería de Bienestar Social, al no haberse solicitado por esta, en tiempo y forma se perdió el derecho a la exención¨.
El cúmulo de despropósitos no acaba aquí, ya que al final la liquidación ha sido anulada, al no haber seguido el ayuntamiento los medios y el procedimiento legalmente establecido para determinar la base del ICIO, situación que ha llevado a la anulación de la Resolución.
Para Albert “Esta sentencia explica muy bien porque somos una de las autonomías y de las ciudades más endeudadas de España”.
EU afirma que existe un camino donde prima la falta de coordinación
Albert ha explicado que el expediente que fue aprobado por Junta Local de Gobierno del pasado mes de Julio, recoge que en Junio de 1998 la Consellería de Bienestar Social, solicitó al Ayuntamiento de Valencia licencia de obras para edificio administrativo, y debido al interés público solicitó la exención del pago de la tasa por licencia urbanística y del ICIO que pudiera devengarse.
El 14 de Julio de 2006 la Junta de Gobierno Local suscribe una resolución por la que acuerda “aprobar en nombre de la entidad Ciudad de la Justicia de Valencia UTE la liquidación por 2.043.172, en concepto de impuesto sobre construcciones y obras, por la obra de construcción de la ciudad de la justicia. Esta liquidación se recurre, y se acuerda anular la liquidación provisional y aprobar nueva liquidación por importe de 3.115.995 euros, liquidación que es recurrida por la UTE que ejecuta la obra.
Para Albert la falta de coordinación entre administraciones, y la nefasta gestión desarrollada por el Partido Popular han estado presentes en todo el proceso desde un inicio.
El propio Tribunal recoge que ¨la solicitud inicial de exención de pago contenida en el escrito de la Consellería no se resuelve por el ayuntamiento porque la instancia fue presentada al servicio de Medio Ambiente y Coordinación con las Administraciones Públicas sin que una copia del mismo fuera remitida, en ningún momento, al servicio de Tributos y Actividades económicas, no tramitándose por tanto correctamente la solicitud de exención.¨
Silencio de la Conselleria de Administraciones Públicas
La sentencia establece que “resulta significativo el silencio que en torno a esta cuestión, así como a la solicitud de bonificación, guarda la Consellería de Administraciones Públicas y Justicia en su escrito de contestación a la demanda.”¿Cómo es posible que el Partido Popular se permita el lujo de no pedir una exención que supone un ahorro de más de 3 millones de euros?” se ha preguntado la Edil.
En cuanto a la actuación del Ayuntamiento de Valencia, la sentencia es muy crítica al recoger que no se ha utilizado ninguno de los medios legalmente establecidos para llevar a cabo la comprobación de la base imponible del ICIO, hecho que finalmente es el que tiene en cuenta la justicia para anular la resolución emitida por el ayuntamiento.
Otra de las cuestiones, que se plantean es que el ayuntamiento solicita el pago del impuesto a la UTE que se encarga de la construcción del edificio, como contribuyente sustituto, en vez de dirigirse a la consellería.
Para la concejala Albert esto ¨es un ejemplo claro de la desconfianza existente entre las dos administraciones, y que puede tener consecuencias, puesto que el proceder de la consellería ha supuesto un perjuicio para la empresa al no pedir la exención del impuesto, abriendo la puerta a la presentación de una reclamación exigiendo la responsabilidad patrimonial en la que se hubiera podido incurrir.
En definitiva, “esta resolución judicial hace que se entienda perfectamente porqué somos líderes en endeudamiento, y en recortes, y lo único que esperamos es que se tomen cartas en el asunto, se depuren responsabilidades y que situaciones tan bochornosas como estas no se vuelvan a producir”, explicó.
VLCCiudad/Redacción
