La reapertura de la terraza del Umbracle en València ha tenido lugar este fin de semana bajo una estricta vigilancia. Aunque la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana no encontró irregularidades en la inspección realizada, el recinto sigue marcado por una reciente sentencia judicial que exige el cumplimiento riguroso de la normativa acústica para proteger los derechos fundamentales de los vecinos.

La noche del viernes marcó el retorno de la actividad en la terraza del Umbracle, un espacio que ha sido objeto de una intensa disputa legal y vecinal. A pesar de la apertura, la jornada transcurrió bajo la lupa de las autoridades, que realizaron una “inspección minuciosa” para verificar el cumplimiento de las normativas.

El resultado de la inspección

Según fuentes de la Generalitat, la Unidad de la Policía Nacional realizó un control exhaustivo durante la noche de la reapertura. El resultado de dicha inspección fue positivo para la empresa gestora, al no detectarse irregularidades inmediatas en el momento de la supervisión.

El trasfondo: Una sentencia sobre derechos fundamentales

Aunque esta inspección se ha superado sin sanciones, el Umbracle —así como el resto de la actividad en la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA)— opera bajo un escenario jurídico complejo. El pasado mes de marzo, la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de València dictó una sentencia (procedimiento 52/2023) que supuso un punto de inflexión.

El fallo judicial estimó la demanda de varios vecinos, declarando que la contaminación acústica estaba vulnerando sus derechos fundamentales a la intimidad y a la integridad moral (reconocidos en los artículos 15 y 18 de la Constitución Española). La sentencia fue clara: el Ayuntamiento de València debe tomar medidas definitivas para impedir esta vulneración, lo que podría implicar, si el ruido persiste:

• La revocación de licencias.
• La reubicación de eventos o actividades.

La advertencia de CACSA a la empresa gestora

Ante la reapertura, la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA) tomó la iniciativa de enviar un comunicado a la empresa que gestiona el Umbracle. En él, advirtieron que la actividad musical en la terraza debe ajustarse estrictamente a la normativa acústica.

La postura de CACSA es de “compromiso con el cumplimiento de las resoluciones judiciales” y con la convivencia vecinal, trasladando la responsabilidad directa a la empresa gestora: cualquier actividad que incumpla los límites de ruido ordenados por el tribunal deberá ser suspendida.

La reacción vecinal

Los vecinos del entorno, que han liderado la batalla judicial, mantienen una postura de vigilancia constante. Europa Press ha podido saber que los residentes se planteaban interponer una querella si la apertura de la terraza derivaba nuevamente en excesos acústicos que impidieran el descanso, lo que subraya que, aunque la inspección de anoche fue favorable para el local, la situación sigue siendo de máxima tensión.

En resumen, el Umbracle ha superado el primer examen policial de su reapertura, pero la presión legal y la vigilancia vecinal aseguran que el recinto está operando bajo mínimos en cuanto a tolerancia sonora. El cumplimiento de la sentencia judicial de marzo será el verdadero juez de la continuidad de esta actividad en los próximos meses.