El Partido Popular perdería seis escaños en la Comunidad Valenciana, aunque mantendría la posibilidad de gobernar con Vox, de acuerdo con una encuesta realizada por Lápiz Estratégico Consulting para los diarios de Prensa Ibérica en la región (Levante-EMV, Información y Mediterráneo) con motivo del 9 d’Octubre. En este escenario, el PP pasaría de 40 a 34 escaños respecto a las elecciones autonómicas de 2023, mientras que Vox incrementaría su representación de 13 a 17 escaños, permitiendo así una coalición que acumularía 51 de los 99 diputados de Les Corts.
El sondeo, llevado a cabo casi un año después de la devastadora dana del 29 de octubre, que ha marcado la vida política en meses recientes, evidencia que tanto el PSPV como Compromís aumentarían un escaño cada uno, alcanzando 32 y 16 escaños respectivamente. Sin embargo, los 48 escaños combinados serían insuficientes para que la izquierda recuperase el liderazgo de la Generalitat, bajo la presidencia actual de Carlos Mazón.
Por provincias, la encuesta indica que el PP perdería cuatro escaños en Valencia (pasando de 15 a 11), uno en Alicante (de 15 a 11) y uno en Castellón (de 10 a 9). Vox incrementaría su presencia en Valencia (de 5 a 7) y en Castellón (de 3 a 5), manteniendo sus 5 escaños en Alicante.
El PSPV aumentaría un escaño en Valencia (de 12 a 13) y en Alicante (de 11 a 12), pero perdería uno en Castellón (de 8 a 7). Compromís ganaría en Valencia (de 8 a 9) y mantendría sus números en Alicante y Castellón con 4 y 3 escaños respectivamente.
En otra encuesta publicada por 40dB para la Cadena SER y El País, se revela que el 70% de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana considera que Carlos Mazón debería dimitir como presidente de la Generalitat. Solo el 10% de los votantes del PP desea que Mazón siga liderando el partido, y apenas un 26% apoya a Francisco Camps como su posible sucesor.
El estudio de opinión también muestra que el 78% de los encuestados evalúa negativamente la gestión de Mazón, el 80% desaprueba su decisión de no acudir a declarar ante la jueza que investiga la dana, y un 70% califica de mala o muy mala su relación con las víctimas y sus asociaciones tras la catástrofe del 29 de octubre.
