Entre el 60 y el 80% de los casos de violencia contra el colectivo LGTBI no se denuncian, según un informe

descarga (47)El informe La cara oculta de la violencia contra el colectivo LGTBI [.pdf] presentado este jueves por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales y el Observatorio Redes Contra el Odio resalta que entre el 60 y el 80% de los delitos de odio e incidentes discriminatorios no se denuncian. Ante esta situación, la FELGTB exige “rapidez” a los grupos políticos para sacar adelante la ley de igualdad, que se encuentra paralizada en el Congreso.

El estudio, que analiza 332 casos de los 629 registrados por entidades LGTBI a lo largo de 2017, concluye que la violencia más prevalente es el acoso y la intimidación (57%) –lo que incluye insultos y uso de lenguaje amenazante o abusivo- seguida de las agresiones físicas (12%) aunque en la mitad de los casos se dan dos o más incidentes a la vez.

Sin embargo, el responsable del Observatorio, Jesús Generelo, ha subrayado que “no tenemos un mapa real, complejo y riguroso de todo lo que está pasando en este país en cuanto a violencias al colectivo se refiere” porque muchos de estos delitos no se denuncian ni se registran en las asociaciones porque “están normalizados” en la sociedad, en declaraciones recogidas por Efe en rueda de prensa.

Uno de los casos más graves que recoge el informe es el de una víctima a la que dos hombres, padre e hijo, agredieron con puñetazos y patadas en la calle hasta que perdió el conocimiento al grito de “por fin te tengo maricón, ha llegado tu día, estás muerto” tras agarrarle del cuello e inmovilizarle. Antes había sufrido un largo periodo de insultos y amenazas como “maricón de mierda, te vamos a matar”.

El informe recoge que sufrió varias lesiones -entre ellas la rotura del tabique nasal y pérdida parcial de visión y audición- y que tras la agresión, tanto la víctima como su hermana, que también fue agredida por defenderle, se han marchado de su casa por miedo.

La cara oculta de la violencia contra el colectivo LGTBI también recoge el caso de un hombre de 60 años que vive en un pueblo y que no puede pasear tranquilo porque un grupo de jóvenes le insulta o la agresión que sufrieron una pareja de mujeres delante de su hija menor por darse un beso en la calle.

Un “alarmante” 12% de las víctimas son menores de edad

En cuanto al perfil de las víctimas, el 73% fueron hombres gais, el 21% mujeres lesbianas, un 2% bisexuales y un 4% heterosexuales, lo que refleja que la orientación sexual “percibida” por los agresores puede motivar este tipo de delitos de odio o discriminaciones independientemente de cuál sea la orientación sexual real de la víctima, según destaca el informe. En cuanto a la identidad de género, un 6% son de mujeres trans y un 1% de hombres trans.

Más de la mitad (53%) de las víctimas tenía entre 18 y 35 años, pero hay un 12% menores de edad, lo que “debería hacer saltar las alarmas del sistemas educativo, que no está ofreciendo suficiente protección al alumnado LGTBI”, denuncia la federación.

El 37% de las violencias ocurren lugares públicos, como la calle (20%) y los bares y discotecas (8%). Otro 20% ocurren en el portal o la casa de la víctima, un 15% a través de redes sociales y de internet, un 13% en oficinas y servicios públicos o privados como comisarías, registros civiles, aseguradoras, centros de salud o transporte público. Un 5% tiene lugar en centros educativos como la escuela, el instituto o la universidad y un 10% en el centro de trábajo.

El 37% de los agresores son personas cercanas o conocidas

El 37% de los agresores son personas cercanas y/o conocidas de la víctima, según recoge el informe. El 17% forman parte de su entorno más cercano ya sea laboral o educativo, mientras que el 12% son vecinos. Hay además un 7% que pertenece al entorno familiar, como padres, hermanos u otros familiares, incluso parejas o exparejas.

Otro 7% son empleados de comercio -como el caso de dependiente que le dijo a una mujer trans que no podía probarse un vestido porque estaba “prohibido” por ley que un hombre se vista de mujer- y un 4% porteros de locales nocturnos. Por último, habría un 36% de los agresores que son desconocidos.

Ante los datos que arroja el informe, la presidenta de la FELGTB, Uge Sangil, ha exigido a los partidos que desbloqueen la aprobación de la ley de igualdad LGTBI que les protege. “No es una banalidad ni un capricho ser y amar” (…) “Necesitamos con urgencia un marco legal que nos proteja y ahora mismo, en este año, tenemos la oportunidad de comenzar a trabajar por la igualdad real, de comenzar a vislumbrar el arcoíris”, ha subrayado en la rueda de prensa recogida por Efe.

Por qué no se denuncian los delitos de odio y la discriminación

La FELGTB también llama la atención en su informe sobre el hecho de que las cifras recogidas por el Ministerio del Interior en los últimos años son mucho inferiores a los 629 casos registrados por las asociaciones del propio colectivo. Las últimas cifras oficiales fueron 169 incidentes de odio por orientación sexual o identidad de género en 2015 y 230 en 2016.

“Este desfase nos habla de la dificultad de hacer llegar los delitos a las fuerzas de orden público y a los juzgados, y también de la dificultad para extender y armonizar la atención a las víctimas y la recogida de información”, señala el informe.

Y aún así los 629 casos recogidos puede ser una cifra, advierte la FELGTB que “probablemente ni siquiera se aproxime a la que se puede ser la real”. Los motivos que llevan a una persona a no denunciar la agresión que ha vivido o a no buscar ayuda “pueden ser muy diferentes” y al margen de que esa sea su “libre decisión” pueden estar “asociados a factores de vulnerabilidad y desprotección”.

El informe destaca entre ellos que la víctima no sea visible en su entorno y que tenga miedo a que se revele su identidad sexual, que la víctima no identifique la violencia sufrida con el hecho de ser gay, lesbiana, bisexual o trans, que viva en ciudades pequeñas o en un entorno rural o que perciba “obstáculos para informar y/o denunciar las violencias” en relación con la “desconfianza” de las personas LGTBi hacia la policía y los cuerpos judiciales.

A estos motivos se añadirían los casos de víctimas que son migrantes y se encuentran en una situación irregular en España, que la persona que sufre la violencia sea transexual, “el colectivo que más exclusión sufre a causa de la precariedad laboral que padecen, el alto nivel de desempleo y la marginalidad a la que esto les aboca” o que sea una persona mayor LGTBI, ya que su red de apoyo familiar no suele ser tan amplia como la de las personas mayores heterosexuales.

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