El entramado criminal falsificó documentos para engañar a una comunidad de vecinos, cobrándoles 12.500 euros por una obra que requería protocolos de alta seguridad. Los operarios trocearon las tuberías tóxicas a cincel, generando nubes de polvo de asbesto en el edificio.

Redacción | valencianoticias.com Martes, 16 de junio de 2026

Una negligencia absoluta de dimensiones penales que ha puesto en grave riesgo la salud de decenas de familias en Valencia. Agentes del Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han desmantelado un peligroso grupo criminal tras detener a dos personas e investigar a una tercera por suplantar la identidad de una compañía autorizada y acometer de forma clandestina la retirada de una bajante de amianto —también conocido como fibrocemento o asbesto— en una finca de viviendas. El operativo destapa una trama de codicia en la que se vulneraron deliberadamente todas las normativas laborales, sanitarias y medioambientales del Estado con el único fin de inflar los márgenes de beneficio económico.

La investigación de la Benemérita se inició gracias a la sospecha de uno de los propios vecinos del inmueble afectado. Al observar la alarmante falta de medidas de protección durante las obras, el residente decidió ponerse en contacto directo con la empresa especializada en gestión de residuos peligrosos cuyo logotipo y nombre constaban sobre el papel como responsable del proyecto. Para sorpresa del afectado, los directivos de la firma legítima constataron de inmediato que jamás habían sido contratados ni tenían conocimiento alguno de dicha reforma.

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La trama: abaratar costes de 38.000 a 12.500 euros

El análisis documental y las pesquisas policiales consiguieron desentrañar el entramado delictivo de forma nítida. El administrador de la finca, conocedor de la necesidad de sustituir una tubería comunitaria de fibrocemento, solicitó originalmente presupuestos a varias corporaciones inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA). Al comprobar la elevada cuantía y los estrictos costes adicionales que conllevaba la manipulación técnica de este agente altamente carcinógeno —un presupuesto real que bajo la legalidad vigente habría superado los 38.000 euros—, el administrador urdió un plan fraudulento.

Con el objetivo de lucrarse de manera opaca, el administrador contrató de forma ilegal a una constructora ordinaria de su absoluta confianza. Cuando los vecinos del edificio comenzaron a protestar por la presencia de polvo y cascotes, el administrador defendió que se trataba de una obra menor común e, incluso, llegó a exhibir informes medioambientales groseramente falsificados para aplacar las quejas.

Por su parte, el gerente de la constructora ordinaria aceptó el encargo a sabiendas de que su empresa carecía de los permisos del RERA y que sus operarios no tenían formación alguna sobre el manejo de asbesto. Para rematar el fraude, el jefe de obra asumió la dirección de los trabajos y llegó a personarse ante la junta de propietarios suplantando la identidad del titular de la empresa legítima para engañar a los vecinos y conseguir que liberasen los pagos devengados. La trama cobró 12.500 euros a la comunidad, quedando paralizado un último abono de 4.500 euros tras destaparse el pastel.

Cincel, martillo y bolsas de plástico ordinarias: el peligro del asbesto

La gravedad de los hechos radica en la extrema toxicidad del material manipulado. La fractura mecánica de las placas o conductos de asbesto provoca la liberación inmediata de microfibras invisibles al ojo humano. Al ser inhaladas por los vecinos o los propios albañiles, estas partículas se alojan de forma irreversible en los alveolos y la pleura, desencadenando con los años patologías letales diferidas en el tiempo como la asbestosis, el cáncer de pulmón o el mesotelioma.

Lejos de aislar la zona con cabinas de descontaminación y trajes de presión negativa, los operarios de la constructora ilegal emplearon directamente un martillo y un cincel para romper la tubería a golpes. Los implicados arrojaron los fragmentos rotos hacia los pisos inferiores a través del deslunado, generando densas nubes de polvo tóxico que se dispersaron por las ventanas y rejillas de ventilación de las viviendas colindantes.

Por si fuera poco, los residuos peligrosos se introdujeron en bolsas ordinarias de basura de plástico, sin ningún tipo de precinto ni el etiquetado reglamentario de color amarillo que exige la ley. Los propios acusados confesaron a los agentes haber trasladado estos sacos en sus vehículos particulares para depositarlos ilegalmente en varios “ecoparques” municipales de la zona, unas instalaciones que tienen expresamente prohibida la recepción de materiales estructurales contaminantes. Con esta maniobra, los detenidos perpetuaron un foco difuso de contaminación en suelo público.

Delitos imputados y nacionalidades de los implicados

El balance final de la operación del Seprona se ha saldado con la detención de dos hombres —el administrador de fincas y el gerente de la constructora— y la investigación formal del jefe de obra, así como de la constructora en calidad de persona jurídica. Los implicados son tres varones con edades comprendidas entre los 45 y los 55 años, de nacionalidades española y peruana.

A todos ellos se les imputan los presuntos delitos de:

• Pertenencia a grupo criminal.
• Delito contra los derechos de los trabajadores (por exponer a los operarios sin EPIs).
• Delito contra el medio ambiente.
• Falsedad documental, estafa y usurpación de estado civil.

Las diligencias urgentes ya han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Valencia en funciones de guardia, mientras que la comunidad de propietarios ha tenido que contratar de emergencia, y de su propio bolsillo, los servicios de una empresa homologada para acometer las labores urgentes de descontaminación de los inmuebles afectados.

Valencia y Provincia: Actualidad de este martes 16 de junio

El desmantelamiento de la trama del amianto comparte el foco de la portada del diario con los siguientes titulares:

• Logística: El grupo aeronáutico Boost Air anuncia una inversión de 40 millones de euros para levantar un megahangar de 33.000 metros cuadrados de mantenimiento en el aeropuerto de Valencia, que creará 400 empleos técnicos.
• Política: El Consell analiza los acuerdos de la cumbre presupuestaria entre el presidente autonómico Juanfran Pérez Llorca y el ministro de Hacienda, Arcadi España, para activar la reforma de la financiación valenciana.
• Sanidad: Quinta semana de huelga de los cerca de 30.000 médicos de los hospitales públicos valencianos convocados por el sindicato CESM-CV; las centrales exigen mejoras drásticas en el estatuto marco.
• Cultura: El Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) publica el decreto por el cual se nombra a los siete nuevos miembros de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) para los próximos 15 años.