La jueza de Catarroja, en Valencia, ha decidido llamar a declarar como testigos a los escoltas y el chófer del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por los eventos ocurridos durante la dana del 29 de octubre de 2024. Esta decisión responde a una solicitud de la acusación particular y la popular ejercida por Compromís, que busca esclarecer si estos testigos pudieron escuchar llamadas o comentarios relevantes del presidente del Consell, así como de la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su ex número dos, Emilio Argüeso, también investigados en la causa.
La jueza considera necesario aplicar los criterios del auto de la Audiencia Provincial que propició la declaración de la periodista Maribel Vilaplana, quien almorzó con Mazón el día de la dana. En el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se destaca la intención de Salomé Pradas de comunicarse con el presidente, respaldada por un acta notarial aportada por su defensa, que clasifica sus llamadas en distintas categorías.
En el documento notarial se registran las llamadas hechas y recibidas por Pradas el 29 de octubre de 2024, detallando la hora, duración y estado de cada comunicación. La jueza explica que el registro muestra tanto llamadas perdidas, que indican que no hubo respuesta por parte del receptor, como llamadas canceladas por incapacidad de conexión del emisor.
Resulta relevante que Pradas aparentemente no fue quien canceló las llamadas, y que una de las cancelaciones ocurrió cuando el presidente no tuvo ninguna comunicación durante 37 minutos el día de los hechos. No hay evidencia de problemas técnicos que impidieran las conexiones entre el presidente y Pradas.
El auto judicial también menciona que, aunque a las 19:34 se retomaron comunicaciones del presidente, estas no fueron con Pradas, cuya llamada a las 19:36 aparece cancelada. La jueza argumenta que mientras pasaban las horas, la urgencia de Salomé Pradas por reaccionar aumentaba, lo que también incrementaba su intención de contactar con el presidente. Esta intención queda reflejada en las llamadas registradas como canceladas a las 16:29, 19:10 y 19:36.
La jueza también señala que a las 19:43 el presidente llamó a Pradas, con una segunda llamada a las 20:10, justo antes del envío del sistema Es-Alert. Este mensaje fue enviado en 2 minutos y 35 segundos por un técnico, lo que sugiere que Mazón podría haberse informado sobre el envío inminente.
La instrucción judicial enfatiza que los escoltas y el chófer podrían haber escuchado las conversaciones del presidente con Pradas, lo que hace imprescindible su testimonio. Por ello, se ha solicitado a la Mesa de Les Corts que proporcione sus datos para su identificación.
Por otro lado, la jueza ha decidido no citar a los bedeles del Palau de la Generalitat, considerando improbable que pudieran haber escuchado algún tipo de comunicación relevante. Además, ya se han solicitado imágenes que registren la llegada de Mazón al Centro de Coordinación de Emergencias.
Junto a este auto, se ha emitido una diligencia en la que la letrada de la Administración de Justicia informa sobre la recepción y traslado de diversos informes de la Conselleria de Emergencias, en respuesta a los requerimientos judiciales.
