España se encamina a cerrar 2026 con más de 11 millones de residentes extranjeros, una cifra inédita que marca un antes y un después en la estructura demográfica del país. La imagen que circula estos días —y que resume la evolución desde 1991— no es solo una gráfica: es el reflejo de un cambio profundo, acelerado y estructural que plantea interrogantes económicos, sociales y políticos de gran calado.
La inmigración ya no es un fenómeno puntual ni coyuntural. Es uno de los ejes centrales del presente y del futuro de España. La cuestión clave ya no es si la inmigración es necesaria —lo es—, sino cómo se gestiona y con qué modelo de país se articula.
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De 846.000 a más de 11 millones: una transformación sin precedentes
Los datos hablan por sí solos:
- 1991: 846.000 extranjeros residentes
- 2002: 2,3 millones
- 2018: 6,2 millones
- 2026 (previsión): más de 11 millones
No se trata de un crecimiento lineal. Es un salto de escala. España ha pasado en apenas tres décadas de ser un país de emigrantes a convertirse en uno de los principales destinos migratorios de Europa.
Este crecimiento se explica por varios factores combinados: flujos migratorios continuos, reagrupación familiar, crecimiento natural de la población extranjera y, ahora, procesos de regularización administrativa de gran alcance.
Lo que muestran los informes internacionales: migrar no es el problema
El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2024 es claro: la migración es un fenómeno global, estable y estructural. A escala mundial, las personas migrantes representan alrededor del 3,6% de la población.
El problema no es la migración en sí. El problema surge cuando no existe planificación, control ni estrategia de integración real. Los informes advierten de que una gestión deficiente puede derivar en:
- Economía sumergida
- Dumping laboral
- Presión sobre los servicios públicos
- Desafección social y polarización política
En otras palabras: la migración mal gestionada genera tensiones que acaban pagando tanto los recién llegados como la población local.
Regularización masiva y economía: una ecuación incompleta
Uno de los grandes debates actuales gira en torno al impacto económico de la regularización masiva de inmigrantes en situación irregular.
Los datos comparados de países como Dinamarca, Bélgica o Finlandia muestran un patrón recurrente: cuando la regularización se produce sin un cambio previo del modelo productivo, el resultado es limitado.
La mayoría de las personas regularizadas acceden a:
- Empleos de baja cualificación
- Salarios bajos
- Bases de cotización mínimas
Esto provoca que el aumento de cotizantes no siempre se traduzca en un saldo fiscal positivo, especialmente si el sistema productivo sigue dependiendo de sectores de bajo valor añadido como la hostelería precaria, la agricultura intensiva o determinados servicios.
Regularizar personas no transforma automáticamente la economía. Si no se acompaña de reformas estructurales, el riesgo es cronificar la precariedad.
El efecto llamada: una cuestión de incentivos, no de ideología
Otro elemento clave es el llamado efecto llamada, un concepto a menudo simplificado en el debate público.
La experiencia europea demuestra que los flujos migratorios responden principalmente a incentivos reales:
- Posibilidad de trabajar, aunque sea en negro
- Expectativas de regularización futura
- Redes familiares y comunitarias ya asentadas
Cuando un país ofrece oportunidades laborales —aunque sean precarias—, los flujos aumentan. Cuando esas oportunidades desaparecen, los flujos se reducen de forma natural, como ya ocurrió en España tras la crisis de 2008.
No es un juicio moral. Es economía básica del comportamiento.
Estado de derecho e integración: el punto más delicado
Uno de los aspectos más controvertidos del debate actual es el relacionado con los requisitos legales y la verificación de antecedentes en los procesos de regularización.
Diversos expertos advierten de que sustituir controles oficiales por simples declaraciones juradas debilita el principio de igualdad ante la ley y puede generar desconfianza social. No protege al inmigrante honesto ni al trabajador local, y tampoco refuerza el Estado de derecho.
La integración no consiste solo en dar papeles. Consiste en:
- Exigir el cumplimiento de normas comunes
- Garantizar derechos laborales reales
- Evitar la explotación
- Favorecer la convivencia y la cohesión social
El riesgo social: guetos, precariedad y polarización
Cuando la integración falla, aparecen consecuencias conocidas en otros países europeos:
- Guetificación urbana
- Segmentación del mercado laboral
- Conflictos culturales y sociales
- Crecimiento del rechazo político
Los informes internacionales coinciden en un punto: la falta de control y planificación alimenta la polarización, no porque la sociedad sea intolerante, sino porque percibe que las instituciones han perdido el control del proceso.
La pregunta que España no puede seguir evitando
La imagen que resume el salto hasta los 11 millones de residentes extranjeros no acusa ni juzga. Obliga a reflexionar.
España necesita responder a una pregunta fundamental:
¿Con qué modelo económico, laboral y social se va a integrar a millones de nuevos residentes en los próximos años?
Porque regularizar puede ser necesario.
Pero regularizar sin planificar, sin exigir y sin transformar el modelo productivo es solo aplazar el problema.
La demografía avanza más rápido que la política.
Y las decisiones que se tomen hoy marcarán el país de las próximas décadas.
