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Esquerra Unida pedirá más recursos para atender a las familias víctimas de desahucios hipotecarios

Albert: “El número de contratos de alquiler social que se han tramitado en un año, a través de los dos convenios suscritos por el Ayuntamiento, es de tan sólo 16”

Foto: www.eupv.org

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La concejala del grupo municipal de Esquerra Unida, Rosa Albert, ha puesto en evidencia la eficacia del convenio entre la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente y el Ayuntamiento de Valencia en abril del año 2013 para atender las necesidades de las familias que han perdido su vivienda habitual como consecuencia de un desahucio hipotecario u otras causas excepcionales mediante el ofrecimiento a este colectivo de viviendas del parque público de la Generalitat en régimen de alquiler. Según datos facilitados por la propia concejala de Bienestar Social e Integración, Ana Albert, a una pregunta formulada por EUPV en el último Pleno, desde que se firmó dicho convenio, hace ya más de un año, se han tramitado un total de 16 contratos de alquiler social. Estas cifras, lo que vienen a demostrar es la falta de interés del PP en poner los recursos necesarios para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna.

“En el año 2013, cerca de 50.000 familias fueron desahuciadas de sus viviendas, y el PP ha sido incapaz de ofrecer medidas que ofrezcan soluciones reales”. La edil, ha calificado como “insuficiente” este convenio y ha instado a la Concejalía de Bienestar Social a que lo revise y lo adapte “de manera que pueda dar respuesta a la problemática que supone que familias valencianas sean tiradas de sus casas sin que las administraciones correspondientes den una solución”.

Asimismo, Rosa Albert ha recordado al equipo de gobierno del PP que además de este convenio, el Ayuntamiento de Valencia tiene capacidad para poder ofrecer otras alternativas a las familias víctimas de un desahucio, dotando partidas presupuestarias suficientes en los presupuestos y poniendo a disposición de la concejalía de bienestar social, todas las viviendas propiedad municipal que en estos momentos se encuentran vacías. “En definitiva se trata de una cuestión de voluntad política, el PP debe decidir entre poner todos sus recursos a disposición de la ciudadanía que en estos momentos no tiene garantizado el acceso a derechos constitucionales básicos, o seguir sin reconocer la realidad y dar la espalda a la situación tan grave por la que estamos pasando”, ha declarado la edil.

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