Evaluar los riesgos laborales de las empleadas del hogar ya es obligatorio: un avance histórico hacia la igualdad de derechos

Desde este viernes, todas las personas empleadoras de hogar en España están obligadas a realizar una evaluación de riesgos laborales para sus trabajadoras y trabajadores. La entrada en vigor del Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, supone un hito en la regulación del empleo doméstico y abre una nueva etapa para un sector que históricamente ha quedado al margen de la normativa laboral común.

La medida, que equipara la protección preventiva del trabajo doméstico con la del resto de profesiones, exige identificar, documentar y comunicar los riesgos presentes en el domicilio donde se desarrolla la actividad, así como implantar las medidas necesarias para evitarlos o reducirlos. La norma incluye tanto los riesgos físicos como los químicos, biológicos y psicosociales, abriendo la puerta a una supervisión mucho más completa del trabajo dentro del hogar.

Una obligación que redefine la relación laboral en el hogar

El decreto establece que cada nueva contratación debe acompañarse de una ficha de evaluación inicial, que la persona empleadora entregará a la trabajadora junto con la información preventiva correspondiente. El documento debe especificar los riesgos detectados, las medidas adoptadas y las instrucciones de seguridad aplicables a las tareas diarias.

Por primera vez, la normativa presta atención a aspectos psicosociales como el aislamiento, la presión emocional, el acoso o situaciones potenciales de violencia, factores especialmente relevantes en un trabajo que se realiza en un entorno privado y sin supervisión externa.

Si la evaluación identifica peligros, la persona empleadora deberá actuar: sustituir productos de limpieza agresivos, proporcionar equipos de protección, reorganizar tareas o adaptarlas en situaciones especiales, como embarazo o enfermedades crónicas. Todas las medidas deberán quedar registradas por escrito.

Cómo se realiza la evaluación: una herramienta pública y gratuita

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha habilitado una aplicación en el portal prevencion10.es para facilitar el cumplimiento de la norma. A través de este servicio, accesible de forma gratuita, los empleadores pueden elaborar la evaluación inicial mediante un sistema guiado.

El proceso se desarrolla en varias etapas:

• Identificación de tareas: limpieza, cocina, planchado, cuidado de menores, atención a personas dependientes u otras funciones habituales.
• Detección de riesgos: caídas, cortes, exposición a productos químicos, contacto con residuos biológicos o factores de estrés.
• Recomendaciones preventivas: la herramienta propone medidas adaptadas a cada caso.
• Elaboración del informe: el documento final debe ser firmado, entregado a la trabajadora y conservado por la persona empleadora.
• Actualización periódica: la evaluación debe repetirse cuando cambien las condiciones de trabajo o tras un accidente.

Formación obligatoria y sanciones por incumplimiento

La norma incorpora una novedad relevante: las personas trabajadoras deberán recibir formación en prevención de riesgos, certificada por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). Esta acreditación podrá utilizarse en futuros empleos domésticos, lo que contribuye a profesionalizar el sector.

El incumplimiento de la obligación preventiva puede acarrear multas por parte de la Inspección de Trabajo. Las sanciones varían según la gravedad:

• Infracciones leves: entre 45 y 2.450 euros.
• Infracciones graves: entre 2.451 y 49.180 euros.

Estas cantidades marcan un antes y un después en el control estatal del empleo doméstico, donde históricamente la supervisión ha sido compleja debido al ámbito privado en el que se desarrolla la actividad.

Un sector todavía vulnerable pese a su importancia social

Según datos de la Seguridad Social, alrededor de 340.000 personas están afiliadas al Sistema Especial de Empleados del Hogar. Sin embargo, organizaciones como Oxfam Intermón estiman que el número real supera las 565.000, lo que revela que un tercio de las trabajadoras y trabajadores continúa en situación de economía sumergida.

El perfil predominante sigue siendo el de mujer extranjera, y muchas de ellas encadenan empleos precarios, con salarios ajustados al mínimo legal y sin suficientes garantías laborales. A pesar de los avances de los últimos años –cotización desde la primera hora, cobertura por desempleo o la ratificación del Convenio 189 de la OIT– la precariedad sigue siendo una realidad estructural.

La implantación obligatoria de evaluaciones de riesgos introduce un mecanismo que busca no solo mejorar la seguridad física, sino también dignificar una profesión esencial para el bienestar social. El Ministerio de Trabajo considera esta medida un paso decisivo hacia la equiparación plena de derechos entre las empleadas del hogar y el resto de trabajadores del país.

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