El excomisario de Policía Ricardo Ferris será juzgado este miércoles en la sección segunda de la Audiencia de Valencia por un delito de odio tras relacionar inmigración y delincuencia durante un acto organizado por Vox en el Ateneo Mercantil en 2022. En sus declaraciones, afirmaba que “todos los delincuentes son inmigrantes al menos en España”, lo que ha llevado a la Fiscalía y a organizaciones como Valencia Acull y CIM Burkina a solicitar una pena de tres años de prisión. Además, piden seis años de inhabilitación para cualquier profesión educativa, deportiva o de ocio, así como para el desempeño de cargos públicos, y una multa de 12 meses.
Ricardo Ferris, quien dirigía la Comisaría Centro de Valencia, participó en un evento promovido por Vox y la Fundación para la Defensa de la Nación Española el 14 de octubre de 2022, cuyas declaraciones se difundieron en redes sociales. Durante este acto, Ferris hizo repetidas declaraciones que asociaban directamente la inmigración con la delincuencia, sugiriendo incluso que “los españoles vamos a tener que dejar de ser pacíficos”.
El evento también recibió apoyo de la asociación ‘Una Policía para el Siglo XXI’. Ferris fue presentado como experto en seguridad ciudadana con experiencia antiterrorista. Sin embargo, sus comentarios llevaron a su destitución por parte de la Dirección General de la Policía el 20 de octubre, y se inició una investigación para aclarar los hechos.
A raíz de sus declaraciones, en noviembre de 2022, varias organizaciones migrantes presentaron una denuncia por delito de odio ante la Fiscalía de Valencia, considerando las palabras de Ferris merecedoras de condena social y penal. La denuncia fue ampliada el 24 de enero de 2023 debido a que el excomisario seguía difundiendo el mismo mensaje de odio. Valencia Acull destaca que, aunque fue destituido, Ferris continúa recibiendo ciertas retribuciones económicas mientras sostiene su discurso en redes y entrevistas.
En su defensa, las acusaciones populares han presentado entrevistas en las que Ferris reitera sus afirmaciones y el vídeo del acto en cuestión, insistiendo en que sigue vinculando a la población migrante con la criminalidad. Acusan que sus redes sociales están plagadas de insultos y discursos de odio, citando mensajes recientes que instan a “dejar de votar y sacar a los verdaderos bulldogs”.
En el documento de conclusiones, las entidades demandantes subrayan que Ferris utilizó su cargo para dotar de credibilidad a su discurso, consciente de la falsa representación de los datos ofrecidos, con la intención de estigmatizar y deshumanizar a las personas migrantes y promover violencia contra ellas. Como consecuencia, se ha detectado un incremento de discursos de odio y propuestas de actos violentos en las redes sociales.
