📍 València, 18 de abril de 2025

La gestión institucional de la devastadora DANA del pasado 29 de octubre —que dejó 228 personas fallecidas— continúa bajo el foco de la justicia y ahora también bajo el análisis técnico de expertos en emergencias y protección civil. Dos peritos vinculados a SOS Desaparecidos han emitido un informe demoledor que cuestiona gravemente la estructura de respuesta estatal y autonómica y denuncia que la ausencia de alertas fue, literalmente, una “sentencia de muerte” para cientos de ciudadanos.

El documento ya ha sido remitido al juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga posibles delitos de homicidio y lesiones por imprudencia en el marco de la causa abierta por la gestión de la catástrofe. La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha citado a declarar a los autores del informe, José María Gil Garré y Alberto Aguilar Zarco, el próximo 9 de mayo.

Un fallo sistémico en la cadena de respuesta

El informe no se limita a señalar errores puntuales, sino que habla de una “fallada estructural” del sistema de emergencias a nivel nacional, y llama la atención sobre el hecho de que España nunca ha activado el Nivel 3 de emergencia nacional, ni siquiera ante desastres como el terremoto de Lorca o la erupción de La Palma.

Según los expertos, la tragedia del 29 de octubre constituye una ocasión clara en la que debió haberse activado ese protocolo, ya que tras las primeras 24 horas “la respuesta municipal y autonómica fue insuficiente y descoordinada”.

La Generalitat, en el centro de las críticas

El documento señala directamente al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como responsable último del operativo en nivel 2, conforme a la legislación autonómica. Critican que no se declarara emergencia catastrófica, que no se emitieran alertas ES-Alert a tiempo, y que la coordinación con los ayuntamientos fue inexistente.

“La inacción autonómica causó pérdidas humanas evitables”, sentencian, al tiempo que acusan a los municipios de carecer de planes operativos, no coordinarse con la Generalitat y no activar refugios ni estrategias de evacuación.

Un “silencio institucional” que costó vidas

El informe va más allá de lo técnico y critica duramente lo que califican como una “actitud opaca, esquiva y renuente” de muchas administraciones públicas, a las que acusa de no aportar ni los planes de emergencia ni el listado de responsables de las decisiones —o su ausencia— el día de la tragedia.

“Ese silencio institucional se asemeja a una especie de omertà, cuando la información debería ser pública y transparente”, denuncian.

La única entidad que, según los peritos, respondió con claridad fue la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que sí aportó datos, modelos y alertas técnicas de forma continuada.

El aviso que nunca llegó

Una de las frases más impactantes del documento es la que asegura que “un simple aviso habría salvado vidas”. Los técnicos afirman que la falta de alertas generalizadas a través del 112 “impidió evacuaciones y la movilización temprana de recursos”, convirtiendo barrios enteros en “trampas mortales” para la población.

“La ausencia de un liderazgo efectivo, el abandono municipal y el silencio en las comunicaciones institucionales multiplicaron las víctimas”, concluyen.

¿Y el nivel 3?

Aunque la activación del nivel 2 permite a las comunidades autónomas disponer de recursos estatales, el informe considera que, ante la “manifiesta incompetencia municipal y autonómica” tras las primeras 24/36 horas, debía haberse solicitado el nivel 3 o emergencia nacional.

Esta medida, que nunca se ha activado en España, hubiese permitido al Gobierno central tomar el control directo del operativo, algo que, según los peritos, podría haber mejorado la respuesta y, sobre todo, la coordinación entre administraciones.

Conclusión: ¿negligencia compartida?

Este informe pericial añade más presión a una causa judicial cada vez más compleja, que podría desembocar en un proceso por responsabilidades penales contra altos cargos políticos y técnicos. La contundencia de las conclusiones técnicas refuerza la narrativa de las familias de las víctimas, que desde el primer día han denunciado abandono institucional y fallos en la cadena de mando.

Con el juicio aún en fase de instrucción, lo que ya parece claro es que la gestión de la DANA se ha convertido en un caso paradigmático sobre cómo —y por qué— fallan los sistemas de protección civil ante emergencias climáticas extremas.