Retrasos y fallos en las pulseras GPS comprometen la protección de mujeres maltratadas en la Comunitat Valenciana

Jueces alertan de dilaciones en la colocación de los dispositivos, fallos técnicos y falta de personal especializado. Alrededor de 200 mujeres en la Comunitat estarían en situación de riesgo por la mala gestión de esta medida clave contra la violencia de género.

La promesa de las pulseras GPS como herramienta para combatir el terrorismo machista y proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y delitos sexuales se tambalea. En la Comunitat Valenciana, como en el resto de España, se han detectado importantes problemas de implantación y funcionamiento de estos dispositivos, que deberían garantizar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento dictadas por los jueces.

Según los últimos datos obtenidos por Valencia Noticias a través del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, y recogidos también por el diario Las Provincias, alrededor de 200 mujeres en nuestra comunidad podrían estar actualmente desprotegidas por culpa de retrasos en la instalación o por fallos técnicos en las pulseras telemáticas.

Un sistema que no llega a tiempo

Los magistrados de las Audiencias Provinciales, incluidos los de Valencia, han alzado la voz en una reunión nacional sobre la ineficiencia del sistema actual. La principal queja: la lentitud en la colocación de las pulseras tras la orden judicial, una medida que debería ser inmediata en casos de riesgo extremo.

El centro responsable de estas instalaciones es el Centro Cometa, gestionado por una empresa privada bajo la supervisión del Ministerio de Igualdad. Desde allí se coordinan las alertas con los juzgados, la Fiscalía y los cuerpos de seguridad. Sin embargo, la falta de técnicos especializados está provocando “dilaciones” que pueden durar días. Y en casos de violencia de género, cada hora cuenta.

“Hay que evitar la desprotección de las víctimas”, sentencian los jueces en su informe, conscientes de que un dispositivo sin instalar equivale a una orden de alejamiento sin vigencia real.

Fallos técnicos y manipulación de dispositivos

No solo preocupa el retraso. Una vez colocadas, las pulseras GPS presentan errores graves. Entre los más comunes se encuentran localizaciones incorrectas que hacen que, en ocasiones, el agresor aparezca como si estuviera cerca de la víctima sin estarlo… o viceversa. Esto genera confusión, angustia y errores en la respuesta policial, que puede acudir tarde o incluso desestimar una alerta por considerarla errónea.

Los fallos se deben tanto a deficiencias técnicas del hardware y software como a manipulaciones intencionadas por parte de los agresores. Algunos investigados han aprendido a burlar los sistemas de geolocalización, lo que compromete la seguridad de mujeres cuya vida puede depender del cumplimiento estricto del alejamiento.

¿Funcionan mejor otros modelos?

Paradójicamente, los dispositivos similares utilizados por presos en tercer grado o en libertad condicional no presentan estos fallos. Son gestionados por otra empresa de seguridad, diferente a la que controla las pulseras ‘Cometa’, y están diseñados para monitorizar beneficios penitenciarios, no medidas judiciales de urgencia.

Esta diferencia ha generado malestar entre jueces y operadores jurídicos, quienes se preguntan por qué las herramientas destinadas a proteger a víctimas en riesgo extremo son más ineficientes que las empleadas para verificar el cumplimiento progresivo de penas.

¿Una solución tecnológica sin garantías?

Lo que se vendió como una revolución tecnológica al servicio de la justicia está mostrando grietas estructurales. Y no es un problema nuevo. Hace ya cinco años, algunos magistrados de la Comunitat Valenciana decidieron no imponer la pulsera GPS por su falta de fiabilidad, según publicó en su momento Las Provincias.

Hoy, con el número de casos de violencia machista en aumento y una ciudadanía cada vez más exigente con la protección de las víctimas, los errores del sistema son inasumibles. Una medida que debería salvar vidas, no puede fallar. Y está fallando.

La Comunitat Valenciana: 200 mujeres en peligro

De las 5.000 mujeres en España que, según el Consejo General del Poder Judicial, estarían afectadas por estos problemas, alrededor de 200 viven en la Comunitat Valenciana. Mujeres con nombre y apellido, con una historia detrás, que deben vivir con la angustia de saber que el agresor podría violar la orden de alejamiento sin que el sistema responda a tiempo.

Desde el entorno judicial valenciano se reclama una revisión profunda del sistema de instalación y seguimiento, un aumento del personal técnico del Centro Cometa y una actualización urgente del software de los dispositivos.