La Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT), como parte de las acusaciones particulares en el proceso judicial sobre la gestión de la dana, ha solicitado a la jueza de Catarroja evaluar la posibilidad de cambiar el estatus de Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, de testigo a investigado. La petición se fundamenta en la creencia de que “su actuación u omisión de funciones podría implicar responsabilidades penales”.
Las alegaciones presentadas por esta acusación particular ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja se centran en “graves irregularidades” del informe remitido el 7 de abril por el subdirector general, según informa el sindicato. El informe de FETAP-CGT, considerado “clave para esclarecer las circunstancias de las graves inundaciones de octubre de 2024”, sostiene que el documento entregado por la Generalitat al juzgado incluye “omisiones, errores y manipulaciones” con el fin de alterar la interpretación del Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana y reducir la responsabilidad de la Generalitat en los incidentes ocurridos en la rambla del Poyo el 29 de octubre.
Entre las irregularidades se menciona “la eliminación de las funciones críticas asignadas al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) y al director del plan en el Plan Especial, como la coordinación de acciones y la activación oportuna de mecanismos de emergencia”, así como “la ocultación deliberada de la obligación del CCE de transmitir información a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)”, roles que incluyen no solo recibir datos, sino también asegurar una comunicación activa de información crítica.
Además, el sindicato señala “la confusión interesada entre las fases de preemergencia y emergencia”, lo que diluye las obligaciones de actuación de la Generalitat desde las primeras señales de riesgo, lo que afectó la respuesta temprana. Otra denuncia es “la omisión del rol de los directores del Plan Especial”, Emilio Argüeso Torres y Salomé Pradas (exsecretario autonómico y exconsellera), cuya intervención era esencial para declarar la emergencia, coordinar recursos y establecer Puestos de Mando Avanzados (PMA), que no fueron activados en los momentos más críticos.
Asimismo, se señala un “esfuerzo claro por trasladar la responsabilidad de la gestión de la emergencia a los ayuntamientos y a la Administración General del Estado, presentando los Planes de Actuación Municipal (PAM) como única respuesta, cuando la dirección y coordinación debían ser asumidas principalmente por la Generalitat”.
FETAP-CGT alerta de que incidentes durante la dana, como “la no constitución de Puestos de Mando Avanzados, la escasez de rondas informativas y los mensajes confusos enviados a los municipios, pudieron agravar los daños y poner en grave riesgo la vida de numerosas personas”.
La organización denuncia “una estrategia de manipulación en el informe presentado por el subdirector general de Emergencias”, destinado a disminuir la responsabilidad de la Generalitat Valenciana en los hechos. Consideran “especialmente grave” que a las 12:25 horas del 29 de octubre, se hubiera declarado oficialmente la Emergencia Situación 0 en la rambla del Poyo “sin seguir las actuaciones específicas exigidas por el Plan Especial de Inundaciones”, incumpliendo así obligaciones fundamentales de protección civil.
Finalmente, la acusación particular demanda el esclarecimiento de la verdad respecto a la gestión de la emergencia de octubre y que se determinen las responsabilidades pertinentes, evitando que se traslade a otras administraciones una responsabilidad que correspondía a la Generalitat.
