4 de julio de 2025
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Filtración del Audio Incompleto entre Aemet y 112 Lleva a la Fiscalía a Actuar en Valencia

La Fiscalía Provincial de Valencia ha interpuesto una denuncia en los juzgados por la filtración de un audio incompleto entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del 112 Comunitat Valenciana. Este hecho, ocurrido durante una dana, podría constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos, según el artículo 197.1 y 3 del Código Penal.

La denuncia se presentó a raíz de la publicación, el pasado febrero, de una conversación que tuvo lugar el 29 de octubre a las 12:05 entre una trabajadora de Aemet y una técnica del Centro de Gestión de Emergencias 112 de la Comunitat Valenciana. La Fiscalía destaca que dicha conversación es de “carácter reservado” de acuerdo con la legislación vigente, particularmente con el artículo 53 de la Ley 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana, que estipula que la información sobre emergencias debe ser compartida únicamente con los servicios esenciales involucrados y a disposición de la autoridad judicial cuando se solicite.

El audio fue publicado el 12 de febrero en un medio digital, pero se encontraba incompleto y manipulado. Las grabaciones son conservadas por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana, a través del sistema ‘Coordcom’, ubicado en l’Eliana.

En cuanto a la competencia territorial, la Fiscalía argumenta que, dado que la llamada fue recibida y almacenada en l’Eliana, ubicada en el partido judicial de Llíria, las diligencias deben remitirse al Decanato de los juzgados de Llíria para su distribución.

El ministerio público solicita que sean identificadas y declaren como testigos la funcionaria de Aemet y la técnico de Emergencias que participaron en la conversación. También se pide recabar el audio en su versión íntegra y publicada de la fuente digital que lo difundió primero. La investigación será llevada a cabo por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, enfocándose en el protocolo de conservación de las grabaciones, los métodos de acceso y las personas que accedieron al contenido hasta su publicación en febrero.

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