El fiscal reitera su postura a favor de unificar las acusaciones en el caso de la dana
Valencia, 11 de julio – El fiscal ha presentado un recurso de apelación contra la decisión de la jueza de Catarroja, quien investiga la gestión de la dana, solicitando a la Audiencia Provincial que unifique las acusaciones populares en una sola. Considera que esta debería ser ejercida por Podemos, al haber sido el primer partido en personarse en la causa. El fiscal propone que las representantes de las acusaciones particulares se elijan voluntariamente, sugiriendo que no excedan de cinco, salvo intereses muy divergentes.
En caso de no haber consenso, sugiere que la coordinación recaiga en las cinco primeras partes constituidas. Este recurso responde al auto de la magistrada del 4 de julio, que rechazó la agrupación de las acusaciones. El fiscal argumenta que esto generaría “notables dilaciones indebidas”, una “escasa o nula aportación procesal” y afectaría el “equilibrio entre acusaciones y defensas”.
El ministerio público refuta las razones de la jueza, quien afirma que no han existido dichas dilaciones y que las actuaciones procesales son “antagónicas”. Según la Fiscalía, las acusaciones han demorado significativamente la tramitación del caso con solicitudes excesivas de imputaciones y pruebas rechazadas, lo que ha generado numerosos recursos. Estas acciones han consumido tiempo y recursos sin que la instructora las valore adecuadamente en relación con los retrasos en la justicia.
Además, las acusaciones han insistido en investigar a diversas personas cuya imputación fue previamente denegada, sin aceptar las limitaciones establecidas por la Audiencia Provincial, que se centra en la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su subordinado Emilio Argüeso.
El fiscal critica que el auto de la jueza considere “imposible” unificar acusaciones con posturas tan diferentes respecto a los dos investigados. Defiende que las acusaciones populares deben ser apartadas si no formulan acusaciones, ya que su presencia debería girar en torno a la acusación, no a la observación imparcial del procedimiento. Cuestiona también la restricción futura a estas acusaciones para actuar de manera conjunta cuando ya están personadas.
Además, el fiscal señala que mantener treinta y ocho partes en un eventual juicio oral complicaría significativamente su gestión. Enfatiza que el proceso penal no debería ser utilizado por partidos y asociaciones para exponer programas electorales o fines sociales, y sostiene que su unificación no es una anomalía procesal.
