El Senado ha dado luz verde a la cuarta reforma de la Constitución Española de 1978, una modificación que permite que Formentera tenga su propio senador, dejando de compartir circunscripción con Ibiza. Este éxito legislativo balear ha puesto el foco sobre la situación valenciana: mientras las islas han conseguido agilizar el proceso constitucional, la petición para rehabilitar el derecho civil valenciano, solicitada mucho antes, continúa sin avanzar en las Cortes Valencianas.

[Imagen: La Constitución Española de 1978]

¿Qué ha pasado?

La modificación del artículo 69.3 de la Carta Magna ha recibido un apoyo abrumador (258 votos a favor, con solo la oposición de Vox). Esta reforma pone fin a una incongruencia institucional que perduraba desde 2007, cuando se creó el Consell de Formentera, y que impedía que la isla tuviera una representación propia, a diferencia del resto de islas con consell o cabildo propio.

Mientras tanto, la esperanza de rehabilitar el derecho civil valenciano —una petición iniciada en 2020 y basada en el Estatuto— vive una situación de estancamiento. En noviembre de 2025, el Congreso instó tanto al Parlamento balear como a las Cortes a designar diputados para defender las reformas constitucionales. Las Baleares cumplieron el trámite y han culminado el éxito, pero las Cortes todavía no han dado el paso necesario.

¿Por qué ocurre?

La disparidad entre ambos procesos se debe a la voluntad política y la priorización en el calendario. En el caso balear, se logró el consenso necesario, incluso aceptando el mantenimiento de la denominación “Ibiza” en el texto constitucional para desbloquear el apoyo del Partido Popular.

En Valencia, en cambio, la petición ha decaído repetidamente de la agenda de las Cortes. Aunque Juristes Valencians ha liderado la reivindicación, subrayando que cuenta con un gran respaldo social y municipal, la cámara valenciana no ha designado la delegación de diputados para defender la reforma en Madrid. Mientras tanto, el PP valora vías alternativas para legislar sobre derecho civil sin depender obligatoriamente de una reforma constitucional, una opción que los juristas ven con cautela, al entender que la reforma de la Carta Magna es la vía más sólida y segura.

Impacto en Valencia: la sociedad civil se moviliza

El éxito balear ha servido como catalizador para el descontento social en la Comunitat Valenciana. La plataforma Juristes Valencians ha convocado una concentración frente a las Cortes para este viernes. La protesta tiene como objetivo denunciar la “inexplicable negativa” a desbloquear el proceso y exigir la designación de los diputados autonómicos.

Se trata de una movilización con una transversalidad poco común:

• Sindicatos: CCOO PV, UGT-PV, CSIF, Intersindical y USO.
• Sociedad civil: Organizaciones empresariales, partidos políticos de diferentes siglas (PSPV, Compromís, Decidix, Unió Municipalista) y asociaciones profesionales y culturales.
• Instituciones locales: Alcaldes y regidores de diversas comarcas.

¿Qué puede pasar ahora?

El proceso legislativo está paralizado por la falta de delegación parlamentaria valenciana. Si las Cortes no dan el paso de designar a los diputados, la reforma continuará bloqueada indefinidamente. A corto plazo, la presión en la calle —con la concentración del viernes— pretende poner en un compromiso a los grupos parlamentarios para que dejen de posponer esta cuestión, tal como han hecho con la coincidencia frustrada con el 25 de abril, una fecha simbólica para la cámara.

¿Qué debe tener en cuenta el lector?

La reforma constitucional aprobada para Formentera demuestra que, técnica y jurídicamente, es posible reformar la Constitución si existe consenso. Por lo tanto, el caso valenciano no es una imposibilidad legal, sino una cuestión de agenda política. Para el lector, el hecho relevante es ver cómo una misma vía (la reforma constitucional) puede dar resultados muy diferentes dependiendo de la actividad de la cámara autonómica y la firmeza con la que se defienda la reivindicación ante el Estado. La pregunta que queda abierta es si el derecho civil valenciano se mantendrá como una reivindicación histórica latente o si, finalmente, la clase política valenciana decidirá actuar para equiparar su autogobierno al éxito logrado por las Islas Baleares.