Alicante, 13 de mayo.
La Guardia Civil está investigando a una empresa en Alicante por supuestamente vender banana bajo la denominación de Plátano de Canarias sin la autorización necesaria. Este permiso es obligatorio y había sido retirado previamente a la empresa.
Según indican los investigadores, la empresa habría comercializado cerca de 2.000 toneladas de banana en el 2023, sin poder demostrar la regularidad de la mayoría de estas ventas. La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la Asociación de Productores de Plátano de Canarias, una marca protegida bajo la Indicación Geográfica Protegida (IGP) por sus características específicas. En dicha denuncia se afirmaba que la empresa, situada en la provincia de Alicante, estaba vendiendo plátanos bajo esta IGP mientras tenía suspendido el permiso, potencialmente comercializando bananas provenientes de Portugal y otros lugares.
Tras la denuncia, agentes del Seprona en Alicante llevaron a cabo varias inspecciones en las cámaras de almacenamiento y maduración de la empresa alicantina, así como en distintos establecimientos en Alicante, Valencia, Vigo y Bilbao, donde presuntamente se habrían distribuido dichos productos. En estas inspecciones, se hallaron partidas de banana de Madeira comercializadas como Plátano de Canarias, y se corroboró que la empresa no tenía autorización para usar dicha marca.
La investigación reveló que la empresa presuntamente falsificaba documentación y facturas para ocultar las ventas tanto a la certificadora como a la administración. Ya en el pasado, se le había retirado cautelarmente la autorización debido a irregularidades.
En abril, la empresa fue objeto de investigación por delitos contra la propiedad industrial, falsedad documental y delitos relativos al mercado y a los consumidores. Las diligencias se han remitido al juzgado de instrucción de Sant Vicent del Raspeig.
Asimismo, se abrieron expedientes administrativos por infracciones al Reglamento (UE) 2024/1143, referente a indicaciones geográficas, lo que podría resultar en sanciones económicas de entre 4.001 y 3.000.000 euros. La operación fue llevada a cabo por el Seprona de la Comandancia de Alicante, con apoyo del Servicio de Control de la Calidad Agroalimentaria de la Generalitat Valenciana y cooperación internacional a través de Europol.
