Valencia
La Generalitat Valenciana ha expresado su intención de votar en contra de la propuesta del Gobierno central para implementar un mecanismo de acogida de menores migrantes no acompañados. La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha criticado que esta medida se esté tomando sin el consenso de las comunidades autónomas.
Camarero declaró antes de su participación en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se presentará el Real Decreto para el reparto de menores migrantes, que la propuesta representa “una falta de respeto institucional”. Según ella, el reglamento ha sido burlado para llevar a cabo un acto que atenta contra las competencias autonómicas, algo que no será tolerado desde la Comunidad Valenciana.
La vicepresidenta también sostuvo que el decreto favorece a los intereses de los socios independentistas del presidente Pedro Sánchez, creando desigualdades injustificables entre las comunidades autónomas. Camarero arremetió contra el Gobierno de España, acusando a Sánchez de intentar manipular políticamente la situación para satisfacer demandas catalanas, calificando el decreto como inconstitucional.
Además, la Generalitat Valenciana ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, señalando que se trata de una injerencia en las competencias autonómicas en materia de protección de menores. La vicepresidenta manifestó su oposición a los criterios de reparto propuestos, ya que no consideran los esfuerzos realizados por la comunidad valenciana en la acogida de menores.
Camarero destacó que el sistema de protección autonómico está “tensionado”, con una ocupación cercana al 160% a pesar de la ampliación de plazas el año anterior. Afirmó que es necesario formular una política migratoria seria y trabajar en los países de origen para evitar que las mafias continúen explotando la situación de los menores. Por estas razones, fue enfática al declarar que la Generalitat votará en contra del decreto de Sánchez, que considera perjudicial para el sistema y la atención de los menores.
Camarero también solicitó al Gobierno que deje de utilizar la crisis migratoria de menores como instrumento político y actúe de manera responsable. Argumentó que el Gobierno no ha formulado un plan humanitario adecuado para manejar la llegada de menores migrantes en situación de vulnerabilidad.
La vicepresidenta criticó la convocatoria ilegal de la Conferencia Sectorial de Infancia, alegando que se hizo sin cumplir con el reglamento ni permitir la participación de las comunidades autónomas en su preparación. Concluyó señalando que el intento de imponer un reparto politizado responde únicamente a intereses partidistas y a la cesión permanente al separatismo catalán, con el objetivo de mantener el apoyo político.
