Durante años, los gritos se colaron por las ventanas. Insultos, voces alteradas, escenas que no encajaban con un centro que cuidaba a niños de menos de tres años. Los vecinos lo escuchaban. Lo comentaban. Algunos incluso intentaron denunciarlo. Pero sin pruebas, nada avanzó.
La detención de la propietaria de una guardería de Algemesí por presunto maltrato continuado a menores ha sacado a la luz una realidad que, según residentes de la zona, se arrastraba desde hacía tiempo y era conocida en el entorno inmediato del centro.
Un centro con mala fama entre las familias del barrio
La guardería, ahora cerrada tras la intervención policial, llevaba décadas funcionando, pero su reputación entre los vecinos nunca fue buena. En una zona con numerosas familias jóvenes, muchos padres optaban por llevar a sus hijos a otros centros más alejados antes que confiar en este.
“No era algo nuevo. Los problemas venían de años atrás”, explica un vecino de una de las fincas colindantes. La percepción era compartida: algo no iba bien, aunque nadie podía demostrarlo.
Intentos de denuncia bloqueados por la falta de pruebas
Uno de los residentes, Salva, relata que la comunidad de vecinos llegó a plantearse denunciar formalmente la situación. Los motivos eran claros: gritos continuos, insultos y un trato verbal que no correspondía a niños tan pequeños.
“Queríamos denunciar los gritos que escuchábamos. No eran normales. No se le habla así a niños de menos de tres años”, explica. Sin embargo, las acusaciones eran graves y no existían pruebas directas. Sin imágenes, sin grabaciones, las denuncias no prosperaron.
La denuncia que lo cambió todo llegó desde dentro
El punto de inflexión no llegó desde la calle, sino desde el interior del propio centro. Fueron las trabajadoras de la guardería quienes decidieron documentar lo que ocurría. Grabaron imágenes del trato que, presuntamente, estaban recibiendo los menores y las entregaron a la Policía.
Con ese material, los agentes del grupo UFAM de la Policía Nacional en la Comisaría de Alzira-Algemesí actuaron y detuvieron a la propietaria del centro educativo.
Vecinos que retiraron a sus hijos antes de la intervención policial
Algunos padres tomaron decisiones antes de que estallara el caso. Una vecina reconoce que sacó a su hijo de un año del centro tras presenciar desde su ventana cómo la ahora investigada trataba a los pequeños.
No denunció entonces. Tampoco grabó. Se limitó a marcharse. Como otros tantos.
Un patrón que plantea preguntas incómodas
El caso abre un debate incómodo: ¿cuántas situaciones similares permanecen ocultas por la falta de pruebas?, ¿cuánto tiempo puede sostenerse una sospecha colectiva sin que nadie pueda actuar?, ¿qué mecanismos existen para proteger a los menores cuando las alertas proceden solo de oídas?
En Algemesí, la respuesta llegó tarde. Durante años, los gritos se escucharon. Las dudas se comentaron. Pero solo cuando hubo imágenes, la maquinaria se puso en marcha.
Ahora la investigación sigue su curso. Y el barrio, que durante tanto tiempo sospechó, asimila que aquello que se oía tras las paredes era, presuntamente, mucho más que ruido.
