La conversación sobre el discurso de odio en internet ha vuelto al centro del debate político en España con el anuncio de HODIO, una herramienta que el Gobierno presenta como un sistema para medir de forma sistemática la presencia, la amplificación y el impacto del odio y la polarización en plataformas digitales. La idea, defendida por Pedro Sánchez, es sencilla en la teoría: lo que se mide deja de ser invisible, y lo que se hace visible puede obligar a rendir cuentas.
Pero el anuncio también ha reactivado una discusión de fondo que va mucho más allá de una nueva sigla: si el odio “da dinero” a las plataformas, si los algoritmos empujan lo más incendiario y si además hay automatismos (bots) que aceleran la polarización, ¿basta con medir… o hace falta tocar el modelo de negocio?
Qué es HODIO y qué pretende hacer
HODIO (Huella del Odio y la Polarización) se plantea como un instrumento público para rastrear la evolución del odio en redes y hacer públicos sus resultados. Según Reuters, el plan incluye que los datos se publiquen para que los ciudadanos puedan ver qué plataformas actúan, cuáles “miran hacia otro lado” y cuáles se benefician del tráfico que generan esos contenidos.
El Pais añade dos detalles clave: se aplicará en plataformas muy usadas en España (Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook) y generará un ranking “público y transparente” para ordenar a las redes según la cantidad de contenido problemático que muevan, combinando análisis cuantitativo con revisión experta.
Valencia también aparece en esta historia: la UPV y el rastreo del odio
Hay una derivada valenciana llamativa: El Pais explica que el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) ya venía midiendo el odio en redes y que, desde 2022, cuenta con Alertodio, una aplicación diseñada por la Universitat Politècnica de Valencia.
En otras palabras: antes de HODIO ya existía una infraestructura de monitorización y herramientas tecnológicas con sello valenciano. HODIO vendría a ordenar esa información, darle formato comparativo y, sobre todo, hacerla pública en forma de indicadores y ranking.
Qué dicen los datos oficiales de delitos de odio: bajan los hechos registrados, pero el problema no desaparece
En paralelo a la discusión sobre redes, Interior ha venido publicando su informe anual de delitos e incidentes de odio. La Moncloa resume que en 2024 se investigaron 1.955 infracciones penales e incidentes de odio, un 13,8% menos que en 2023, y que se elevó la tasa de esclarecimiento, con 905 personas detenidas o investigadas.
Oberaxe, al resumir ese mismo informe, añade que en lo relativo a delitos de discurso de odio cometidos a través de internet, redes sociales y medios, los ámbitos con mayor incidencia incluyen orientación sexual e identidad de género y racismo/xenofobia, con incrementos en esas categorías respecto al año anterior (en el ámbito online).
Aquí aparece una tensión que se repite en todas las estadísticas: que “bajen” los hechos registrados no implica necesariamente que baje la realidad, porque la infradenuncia sigue siendo un factor enorme, especialmente cuando la víctima siente que denunciar “no sirve” o que es difícil identificar al autor.
El odio online en cifras: menos hechos registrados, pero con señales de alerta
Aunque el acceso directo al PDF completo del informe no siempre es estable, varios medios que han trabajado con el documento recogen un dato concreto del apartado digital: los delitos de odio cometidos a través de internet se situaron en torno a 215 hechos en 2024 y habrían bajado un 3,59% respecto a 2023.
Esa cifra, por sí sola, puede parecer “pequeña” frente al ruido diario de las redes. Y ahí está parte del problema: una cosa es el odio como contenido tóxico cotidiano (que puede vulnerar normas de plataforma o ser moralmente reprobable) y otra el odio que encaja en tipos penales y llega a denuncia, atestado e investigación.
El debate del DNI para abrir cuentas: una solución simple para un problema complejo
En la tertulia que has transcrito aparece una propuesta directa: si en redes se cometen delitos que ya existen en el Código Penal, obligar a identificarse con DNI al crear una cuenta reduciría el anonimato y facilitaría perseguir delitos, desde amenazas hasta odio o explotación.
La lógica es comprensible: si hay consecuencias, baja el incentivo de “soltar barbaridades” protegido por una foto falsa y un nombre inventado. Y además, podría ayudar a combatir redes coordinadas de cuentas falsas y automatizadas.
Pero también hay riesgos y preguntas muy serias:
Primera: privacidad y libertad de expresión. Hay colectivos (activistas, denunciantes, víctimas, profesionales expuestos) que usan seudónimos por protección, no por impunidad.
Segunda: seguridad de datos. Concentrar identificación real en manos de plataformas crea un objetivo goloso para filtraciones y usos indebidos.
Tercera: eficacia real. Parte de la actividad problemática migraría a canales cifrados, plataformas opacas o redes descentralizadas, y el problema se desplazaría en lugar de desaparecer.
Lo que ya existe en Europa: más obligaciones para las plataformas
La discusión sobre “poner leyes” a las plataformas no parte de cero. En la UE, el marco se está endureciendo con el Digital Services Act (DSA), que impone obligaciones relevantes a grandes plataformas para evaluar y mitigar riesgos sistémicos, incluida la difusión de contenidos ilegales.
Además, la Comisión Europea ha impulsado compromisos específicos con plataformas para combatir el odio ilegal online mediante un Código de Conducta reforzado alineado con el DSA, con objetivos como revisar una parte importante de avisos en 24 horas y mejorar transparencia y cooperación con entidades expertas.
HODIO se inserta precisamente en ese clima: más presión regulatoria, más exigencia de transparencia y más foco en cómo los algoritmos amplifican lo más agresivo porque genera interacción.
El ejemplo Estonia: identidad digital fuerte, pero no es un “DNI obligatorio para redes”
En el debate público se cita a menudo Estonia como referencia por su identidad digital. Y es cierto que su sistema de e-ID permite acceder de forma segura a muchísimos servicios públicos y privados, con un uso masivo de la identificación digital.
Pero conviene no confundir conceptos: una cosa es disponer de identidad digital robusta para trámites y servicios, y otra imponer identificación obligatoria para participar en redes sociales. Estonia es referencia en lo primero, mientras que la discusión europea actual sobre menores y redes va más por exigir cumplimiento estricto de normas ya existentes y reforzar la protección, no necesariamente por prohibiciones generalizadas.
Qué cambia a partir de ahora
HODIO abre dos frentes: el técnico (cómo se mide, con qué criterios, con qué auditoría) y el político (quién lo ve como protección y quién lo interpreta como control o “censura”). El Gobierno, además, ha deslizado la idea de responsabilizar también a la amplificación algorítmica, un terreno especialmente sensible porque toca el corazón del modelo de negocio de las plataformas.
Mientras tanto, el choque seguirá en el mismo punto: si el odio se monetiza, medirlo puede ser el primer paso… pero el segundo, el que de verdad cambia el tablero, es obligar a que las plataformas asuman costes reales cuando no lo frenan.
