Alicante, 3 de octubre.
La huelga de conductores de autobuses interurbanos en Alicante, convocada por el comité de empresa de Automóviles La Alcoyana, parte de Vectalia, continúa con “normalidad”, según la empresa encargada del servicio. Sin embargo, el comité laboral critica la “actuación represiva” de la compañía.
En comunicados separados, ambas partes han compartido sus versiones sobre las primeras horas de los paros. La empresa ha indicado que la jornada transcurre “sin incidentes destacables” y que los “servicios mínimos se están cumpliendo con normalidad”, lamentando las posibles molestias a los usuarios del transporte público.
Automóviles La Alcoyana ha enfatizado su disposición al diálogo con los trabajadores y ha subrayado que ya se han implementado varias medidas de su lista inicial de demandas. No obstante, advertido que satisfacer todas las demandas sindicales podría implicar un “incremento de costes inasumible”, poniendo en riesgo la viabilidad de la empresa en el mercado de transporte por carretera en la provincia de Alicante.
Por otro lado, el comité de los trabajadores ha señalado que se les ha permitido acceder a su sala a través de un pasillo vallado y se les ha obligado a firmar un documento que consideran “represivo e ilegal”. Además, ha acusado a la empresa de modificar los servicios mínimos sin previo aviso, lo que ha provocado tensiones y dificultado el control de su cumplimiento y la detección de deficiencias en los autobuses.
El comité ha denunciado que “la línea 24 no está operativa, y más de cinco conductores han necesitado atención médica tras sufrir ataques de ansiedad”. Asimismo, ha acusado a La Alcoyana de difundir a los medios un comunicado “plagado de mentiras”, intentando culpar al comité de poner en riesgo la viabilidad de la empresa.
El comité sostiene que la empresa tiene un contrato de emergencia con la Generalitat Valenciana que garantiza un equilibrio económico de aproximadamente cinco millones de euros, junto con un beneficio industrial asegurado, y ha ampliado sus servicios desde junio, mejorando estas condiciones.
Además, el comité ha señalado que la línea C-6 (Aeropuerto-Alicante), que transporta más de un millón de pasajeros al año a 4,6 euros por billete, opera al margen del contrato de emergencia, lo que incrementa los beneficios privados de la empresa mientras se presenta como víctima pública.
Según el comité, no hay un problema de viabilidad económica, sino un caso de “avaricia subvencionada con dinero de las administraciones”. La empresa busca aumentar sus márgenes a expensas de trabajadores y usuarios, queriendo aparentar ser víctima ante la opinión pública.
