Ingenieros destacan la urgencia de mejorar la seguridad de las presas y consideran que Forata representa una “carencia estructural”
Ingenieros han subrayado la necesidad apremiante de mejorar la seguridad y el mantenimiento de las presas públicas en España debido al “grave deterioro de parte del parque hidráulico nacional”. Han señalado a la presa de Forata como un ejemplo alarmante y un “símbolo de una carencia estructural”.
Este asunto fue abordado en la jornada ‘Seguridad de las presas españolas: una prioridad inaplazable’, organizada por la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil (Asociación Caminos), dependiente del Instituto de la Ingeniería de España (IIE).
Durante la inauguración, María Cruz Díaz, presidenta del Instituto de la Ingeniería, y José Trigueros, presidente de la Asociación Caminos, coincidieron en que la gestión de la seguridad de las presas debe considerarse “un asunto de Estado, y no una competencia sectorial”. Trigueros enfatizó que dicha gestión debe ser un servicio público esencial que no dependa de los ciclos presupuestarios ni de la disponibilidad de personal técnico especializado.
Mariano González, CEO de Canal de Isabel II, recalcó que las presas son infraestructuras clave para la seguridad ciudadana, no solo en términos de ingeniería, sino también por su papel en garantizar el abastecimiento y el control frente a sequías e inundaciones. Destacó que, gracias a la vigilancia técnica constante, los embalses madrileños han operado con seguridad y eficacia tras las recientes lluvias.
Según cifras de la Asociación Caminos, el parque hidráulico público de España consta de 375 presas de titularidad estatal administradas por las confederaciones hidrográficas. De estas, 112 requieren refuerzos estructurales urgentes; el 75% necesitan estudios de seguridad adicionales; el 65% deben renovar sistemas de vigilancia, y el 50% requieren rehabilitar desagües de fondo. Además, el 75,7% carecen de planes de emergencia implantados, sin sistemas de aviso ni señalización en caso de riesgo.
Estos datos, proporcionados por la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico, reflejan el deterioro progresivo de infraestructuras vitales para la gestión del agua y la protección ante fenómenos extremos. En el foro, se recalcaron las deficiencias de la presa de Forata, gestionada por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que en octubre de 2024 estuvo “al borde del colapso” durante una dana.
Un fallo estructural en Forata podría liberar hasta 20.000 m³ de agua por segundo, afectando a más de 110,000 habitantes en municipios como Turís, Montroi, Real de Montroy, Carlet y Algemesí. Actualmente, Forata no cuenta con un plan de emergencia, ni sirenas ni señalización de evacuación, por lo que no se emitieron alertas durante la dana.
Jesús Contreras, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Caminos, afirmó que el caso de Forata simboliza la vulnerabilidad del sistema, señalando que el problema es tanto técnico como institucional. Mencionó la ausencia de un organismo independiente con autoridad y recursos para garantizar la seguridad de las presas.
Contreras también mencionó otras presas con deficiencias significativas, como la del Tejo en Segovia y las de Arenós y María Cristina en Castellón, que requieren mejoras estructurales y de auscultación.
Durante la jornada, se criticó el actual modelo de gobernanza por crear un conflicto de intereses, dado que las confederaciones hidrográficas son titulares y responsables de supervisión, lo que impide un control independiente. Además, la normativa vigente (RD 264/2021) no se aplica al 95% de las presas existentes, quedando estas fuera de los estándares de seguridad.
La Asociación Caminos propone la creación de un Consejo de Seguridad de Presas, autónomo y con capacidad sancionadora, y la reinstauración del Servicio de Vigilancia de Presas, con técnicos especializados y financiación propia.
El evento concluyó con la lectura de un ‘Manifiesto por la seguridad y conservación de las presas en España’, que insta a incrementar la inversión en mantenimiento y modernización, implantar planes de emergencia en todas las presas estatales y crear un organismo técnico independiente. También aboga por actualizar la normativa con criterios vinculantes de adaptación al cambio climático y establecer una moratoria en la demolición de presas sin estudios técnicos y patrimoniales rigurosos.