Eva, una valenciana que encontró su casa heredada vacía tras las inundaciones, decidió entrar y cambiar la cerradura, pero la Guardia Civil la desalojó y permitió que la okupa volviera al inmueble.
El caso de Eva, una valenciana de Benetússer, ha desatado una oleada de indignación y perplejidad tras conocerse los detalles de su intento fallido por recuperar la vivienda que heredó de sus padres y que llevaba más de dos años okupada. La situación, que tuvo lugar en el contexto de las recientes inundaciones causadas por la DANA, terminó con Eva fuera de su propia casa, detenida por la Guardia Civil, y con la okupa reinstalada en el inmueble.
La recuperación fallida: aprovechar la DANA para recuperar la vivienda
Eva, según relató al programa Tarde AR de Telecinco, decidió visitar la vivienda el pasado 29 de octubre tras las inundaciones que afectaron a Benetússer, para evaluar su estado. La casa había estado okupada durante dos años, pero para su sorpresa, la encontró vacía. Aprovechó la ocasión para limpiar, cambiar la cerradura y quedarse con la intención de evitar que los okupas regresaran. “Sabía que volverían, pero no esperaba que fuera con la Guardia Civil”, declaró.
El 1 de noviembre, mientras estaba en el piso junto a una amiga, comenzaron a escuchar golpes en la puerta. Al no abrir, los agentes derribaron la entrada y, según Eva, entraron apuntándolas con pistolas Taser. “Nos dijeron que nos calláramos y que saliéramos. Ni siquiera nos dejaron explicar nada”, relató.
La Guardia Civil permite el regreso de la okupa
Una vez fuera del piso, Eva presentó las escrituras de la vivienda, demostrando que la casa pertenecía a sus padres y que ella era heredera. Sin embargo, según su relato, la Guardia Civil no solo no aceptó la documentación como prueba suficiente, sino que permitió que la okupa volviera a entrar al inmueble.
Por su parte, la okupa aseguró ante las cámaras que no había okupado la vivienda, sino que la tenía alquilada a un hombre del que no conocía el nombre y al que pagaba 350 euros al mes en efectivo, sin contrato ni recibos. Esta declaración, según Eva, es una mentira más de las muchas que ha utilizado la okupa para justificar su presencia en la casa. “Tengo vídeos donde se burla de mí y se ríe a la cámara”, afirmó la propietaria.
La complejidad del caso: justicia y normativa antidesahucios
Eva se enfrenta ahora a una larga espera para resolver el conflicto por la vía judicial, mientras la okupa permanece en la vivienda. Además, la situación se complica por el hecho de que la okupa vive con su marido y cuatro hijos menores, lo que podría permitirle acogerse al decreto antidesahucios que sigue vigente desde la pandemia de COVID-19. Esta normativa protege a familias vulnerables y podría retrasar aún más el proceso.
La valenciana, que recientemente ha perdido su empleo, afirmó que recuperar su vivienda era su única esperanza para salir adelante. Sin embargo, tras este episodio, se siente impotente. Sus hermanos, también herederos, han presentado una denuncia en los tribunales, pero el desenlace parece lejano.
Un caso que pone en el punto de mira el problema de la okupación
El caso de Eva refleja una problemática recurrente en España: el conflicto entre propietarios y okupas en un marco legal que a menudo resulta confuso y desesperante para los afectados. Los okupas, según muchos testimonios, aprovechan los vacíos legales y las protecciones sociales para retrasar o impedir los desahucios, incluso en casos donde el propietario puede acreditar su derecho legítimo sobre el inmueble.
Desde algunos sectores políticos y sociales, se ha pedido una reforma de la legislación para proteger de manera más efectiva a los propietarios, especialmente en casos de okupación de viviendas que no son el domicilio habitual de los okupas. Sin embargo, cualquier cambio en la normativa también debe equilibrarse con las medidas que garantizan el derecho a una vivienda digna para las personas en situación de vulnerabilidad.
¿Cómo se resolverá el caso de Eva?
Mientras espera una resolución judicial, Eva enfrenta una realidad que considera injusta: ha sido desalojada de su propia casa a pesar de contar con documentación que la acredita como propietaria. Por otro lado, la okupa, amparada por la legislación vigente, sigue en el inmueble junto a su familia. El caso ha despertado un amplio debate en redes sociales y medios de comunicación, donde muchos se preguntan: ¿debe cambiarse la normativa para priorizar los derechos de los propietarios frente a las okupaciones?
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