La eurodiputada de Irene Montero volvió a incendiar el debate político este fin de semana tras defender abiertamente que, después de la regularización de inmigrantes, el siguiente paso debe ser conceder la nacionalidad y el derecho a voto a las personas migrantes. Un planteamiento que no solo tensiona el tablero político, sino que expone sin rodeos una estrategia electoral que la derecha y parte de la opinión pública consideran profundamente divisiva.
“Y claro que sí queremos que voten. Ojalá, teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante”
En un acto de campaña de Podemos en Zaragoza, Montero fue explícita: tras “conseguir los papeles”, ahora toca cambiar la ley para que puedan votar. Lo dijo sin matices y con un lenguaje deliberadamente provocador, apelando directamente a la movilización política de personas migrantes y racializadas.
Sus palabras más controvertidas no tardaron en viralizarse: “Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante y trabajadora”. Una frase que, lejos de buscar consenso, ahonda en la confrontación y alimenta la percepción de que el discurso identitario se utiliza como arma política.
Belarra refuerza el mensaje
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, fue en la misma línea. Defendió que limitar el voto a quienes tienen nacionalidad española supone un “sufragio censitario racista” y comparó la reivindicación del voto migrante con la lucha histórica por el sufragio femenino. Una analogía que ha generado fuertes críticas por banalizar contextos históricos radicalmente distintos.
Regularización, voto y cálculo electoral
El trasfondo del discurso es claro: convertir la política migratoria en un eje de movilización electoral. Montero incluso respondió a quienes acusan a la izquierda de querer “amañar resultados” afirmando, sin rodeos, que sí quieren que voten. No como una consecuencia administrativa, sino como un objetivo político explícito.
Este planteamiento ha reavivado el rechazo social a la regularización masiva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, una medida que —según encuestas recientes— genera oposición mayoritaria, incluso entre votantes socialistas.
Un discurso que polariza
Desde la oposición se acusa a Podemos de instrumentalizar a la inmigración como bloque electoral y de fomentar una retórica de choque que divide a la sociedad entre “buenos” y “fachas”. Desde la izquierda alternativa, en cambio, se defiende que se trata de ampliar derechos democráticos a quienes viven y trabajan en España.
Lo que queda claro es que Irene Montero ha optado por elevar la apuesta: no solo defender la regularización, sino vincularla directamente al poder político y al voto, asumiendo el coste de una polémica que, lejos de apagarse, promete marcar el debate político de los próximos meses.
