Iustitia Europa anuncia una ofensiva judicial tras recurrir el Defensor del Pueblo al Constitucional la suspensión del voto por la Ley de Nietos

Ángel Gabilondo solicita medidas urgentes para permitir votar a más de 163.000 españoles nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática. Iustitia Europa acusa al Gobierno de poner en riesgo las elecciones del 29 de noviembre y anuncia nuevas actuaciones judiciales.

La batalla judicial por el voto de los españoles nacionalizados mediante la denominada Ley de Nietos ha llegado al Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado un recurso de amparo contra la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar de determinados efectos electorales de las nacionalizaciones tramitadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

La iniciativa pretende garantizar que los ciudadanos afectados puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre de 2026.

La decisión ha provocado una inmediata reacción de Iustitia Europa, formación política que impulsó las actuaciones judiciales que desembocaron en las medidas cautelares del Supremo.

En un comunicado difundido mediante vídeo, la organización ha anunciado que reunirá de urgencia a su equipo jurídico para estudiar nuevas acciones ante la intervención del Constitucional.

El Defensor del Pueblo solicita medidas cautelarísimas

La institución encabezada por Ángel Gabilondo ha presentado un recurso de amparo al considerar que la suspensión del sufragio puede afectar a derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.

La controversia afecta a 163.020 ciudadanos españoles residentes en el extranjero, inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y nacionalizados mediante los procedimientos previstos en la Ley de Memoria Democrática.

El Defensor del Pueblo solicita al Tribunal Constitucional una respuesta urgente debido a la proximidad de las elecciones.

Su objetivo es evitar que los ciudadanos afectados pierdan la posibilidad de votar antes de que exista una resolución definitiva sobre la controversia jurídica.

El Tribunal Supremo mantuvo las cautelares el 12 de octubre

El origen del conflicto se encuentra en las medidas cautelares acordadas por el Tribunal Supremo el 10 de septiembre, dentro del procedimiento 1013/2026, promovido por Iustitia Europa.

La formación cuestionó determinados efectos electorales de las inscripciones derivadas de la normativa que facilita la nacionalidad a descendientes de españoles exiliados.

El 12 de octubre, el Supremo mantuvo las medidas cautelares pese a los recursos presentados para modificarlas.

La controversia se centra en la documentación necesaria para acreditar determinados supuestos de exilio y en las consecuencias electorales de las inscripciones realizadas.

Es importante señalar que el procedimiento no supone la anulación general de las nacionalidades concedidas. Su objeto afecta a determinados efectos sobre el censo electoral y el ejercicio del sufragio.

Iustitia Europa acusa a Sánchez de generar incertidumbre electoral

En su intervención pública, Iustitia Europa ha criticado duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha responsabilizado al Ejecutivo de la incertidumbre que rodea al proceso electoral.

La organización sostiene que la intervención del Defensor del Pueblo puede reabrir un conflicto jurídico cuando los plazos electorales son especialmente reducidos.

También cuestiona el funcionamiento de instituciones como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, a las que acusa de estar excesivamente condicionadas por las estructuras de los partidos políticos.

Estas afirmaciones forman parte del posicionamiento político de Iustitia Europa y no constituyen conclusiones judiciales sobre la actuación de dichas instituciones.

La formación anuncia una reunión urgente de su equipo jurídico

Iustitia Europa ha anunciado que su equipo legal estudiará nuevas actuaciones para defender las medidas cautelares vigentes.

La organización considera que el proceso electoral debe celebrarse con garantías suficientes sobre la composición del censo.

En su intervención, advierte del riesgo de un supuesto fraude electoral e incluso menciona la posibilidad de una suspensión de las elecciones.

Sin embargo, no existe una resolución judicial que haya acreditado la existencia de un fraude electoral relacionado con estas inscripciones.

La formación ya había solicitado el 9 de octubre al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la votación del 29 de noviembre durante el tiempo que consideraba necesario para garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales.

¿Qué puede decidir ahora el Tribunal Constitucional?

El Tribunal Constitucional deberá examinar el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo y resolver las peticiones urgentes que considere procesalmente admisibles.

Entre las cuestiones planteadas se encuentra la posible vulneración del derecho de sufragio reconocido en el artículo 23 de la Constitución, en relación con el principio de igualdad del artículo 14.

El tribunal deberá valorar los argumentos jurídicos relativos a las garantías electorales y los derechos de los ciudadanos afectados.

La presentación del recurso no significa que las medidas cautelares del Supremo hayan quedado automáticamente anuladas.

Tampoco implica que las elecciones vayan a suspenderse.

Cualquier modificación de la situación jurídica dependerá de las resoluciones que adopten los órganos judiciales competentes.

Más de 163.000 votos en el centro de la controversia

La magnitud del conflicto se explica por el número de ciudadanos afectados y por la proximidad de la convocatoria electoral.

La suspensión cautelar puede impedir votar a personas que ya han adquirido la nacionalidad española y figuran en el censo exterior.

Los defensores del recurso de amparo consideran que impedir el ejercicio del sufragio sin una resolución definitiva puede causar un perjuicio irreparable.

Por su parte, Iustitia Europa sostiene que resulta imprescindible comprobar la regularidad de las inscripciones electorales y garantizar que el censo cumpla todos los requisitos legales.

El debate jurídico enfrenta, por tanto, la protección inmediata del derecho al voto con las exigencias de control y seguridad del procedimiento electoral.

El 29 de noviembre, pendiente de una nueva decisión judicial

La intervención del Defensor del Pueblo abre un nuevo capítulo en un conflicto que comenzó con las impugnaciones de Iustitia Europa y que ha ido adquiriendo una dimensión política nacional.

Con las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre, el tiempo disponible para resolver las discrepancias es limitado.

La atención se centra ahora en el Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la solicitud urgente presentada por Ángel Gabilondo.

Mientras tanto, Iustitia Europa prepara nuevas iniciativas judiciales y mantiene sus críticas al Gobierno.

La cuestión decisiva será determinar si los ciudadanos afectados pueden ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones y bajo qué condiciones jurídicas.

Por ahora, no hay una decisión del Constitucional que haya levantado las cautelares del Supremo ni una resolución que ordene suspender las elecciones generales.