Valencia Noticias | Redacción.- La Diputación de Valencia ha renovado el convenio que mantiene con 16 colegios profesionales, cuyo principal objetivo es conseguir una acción coordinada entre la institución y los distintos colegios profesionales que permita que los ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales con menor capacidad económica y de gestión puedan utilizar los servicios de estos técnicos especialistas. La institución provincial destina a este fin 1.600.000 euros anuales.
En palabras del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, “este servicio que prestan arquitectos, ingenieros, arqueólogos o técnicos medioambientales, entre otros profesionales, nos parece cada vez más esencial para esos municipios de menos de 5.000 habitantes que sin la Diputación no podrían avanzar”. “Lo único que tenemos claro es que no dejaremos de lado ni a los municipios ni a los colegios profesionales y que seguiremos prestando el servicio”, ha añadido Rodríguez en referencia al conflicto abierto con Inspección de Trabajo en relación al régimen laboral de estos técnicos.
El presidente de la Corporación provincial y la diputada de Asesoramiento Municipal, Conxa García, han aprovechado la firma de los convenios para reunirse con los responsables de los 16 colegios profesionales y exponerles la actualidad del conflicto con Inspección de Trabajo, que mantiene abiertos 187 procesos que acabaran en sentencia y que marcarán la futura concepción de un servicio que, según la diputada, “se ha venido desarrollando durante 31 años bajo esta fórmula de contratación de técnicos autónomos sin ningún tipo de problema”.
En ese tiempo, sólo hubo dos denuncias de Inspección de Trabajo, a los ayuntamientos de Caudete y Fuenterrobles, que se resolvieron de forma favorable a los ayuntamientos con sendas sentencias del TSJCV de 2009 y 2010, lo que “provocó que se siguiera empleando de buena fe esta fórmula del régimen de autónomos que prestan sus servicios en varios ayuntamientos un par de horas a la semana”.
Conflicto con Inspección de Trabajo
Sin embargo, esta asistencia técnica que en 2016 solicitaron 173 ayuntamientos, 9 mancomunidades y un consorcio, y que conlleva la prestación de servicios de 493 técnicos en estos municipios, gracias a los convenios entre la Diputación y los colegios profesionales, se ha convertido de la noche a la mañana en un problema. “Somos la primera Diputación que en 32 años se encuentra con este problema”, asegura Jorge Rodríguez, que pese a la curiosidad del tema apuesta por “seguir prestando el servicio y buscar un modelo alternativo si los tribunales consideran que debemos hacerlo”.
Cada ayuntamiento tiene acceso a solicitar los servicios de un máximo de tres técnicos especialistas, con los que se formalizan contratos de naturaleza administrativa que son costeados entre el propio colegio, los ayuntamientos y la Diputación, que transfiere su parte a los consistorios para que estos hagan efectivo el pago. Cada técnico viene a percibir por esta tarea en distintos ayuntamientos entre 4.000 y 6.000 euros más IVA anualmente.
En este sentido, la diputada de Asesoramiento Municipal, Conxa García, ha explicado que “a la Diputación le da igual que estos técnicos sean contratados como autónomos o a través del Régimen General, como nos pide la Inspección de Trabajo, porque las subvenciones que da esta institución seguirán siendo las mismas”. Pero la diputada advierte que el cambio de modelo afectaría a los técnicos colegiados, porque “si son dados de alta en el Régimen General no podrían prestar sus servicios a más de un ayuntamiento, aunque fuera una hora a la semana”.
Por el momento, las cerca de 180 denuncias presentadas por Inspección de Trabajo se han traducido en tres sentencias de distintos juzgados, dos de las cuales han dado la razón a los ayuntamientos de Alborache y Yátova, considerando que los técnicos que prestan allí sus servicios son autónomos, y una tercera que considera que el abogado que presta sus servicios en el Ayuntamiento de Potries mantiene una relación laboral con el Consistorio, que debería por tanto darlo de alta en el Régimen General.
Desde la Diputación no se acaba de entender este proceso que “va contra los ayuntamientos, que necesitan este tipo de asistencia no tanto para ellos como ente sino para resolver problemas que tienen sus ciudadanos y que por sí solos no pueden cubrir económicamente los ayuntamientos”. No obstante, y en espera de nuevas sentencias que pueden seguir resultando “contradictorias”, la Corporación ha ofrecido asistencia jurídica a estos consistorios y ayudará a aquellos con sentencias desfavorables que les puedan acarrear un perjuicio económico.
Por su parte, los decanos y presidentes de los colegios profesionales han puesto en valor estos convenios con la Diputación que “no sólo promocionan nuestros colegios y a sus profesionales, sino que ofrecen un servicio imprescindible para los ciudadanos, pues ellos son los principales beneficiarios de la gestión de los ayuntamientos, que en la mayoría de casos, cuando hablamos de pequeños municipios, no podrían disponer de esta asistencia profesional y especializada”.
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