La jueza de Instrucción número 6 de Llíria (Valencia) ha iniciado diligencias previas por la filtración de un audio incompleto de una conversación mantenida el día de la DANA entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de emergencias 112 de la Comunitat Valenciana.
El auto, fechado el 9 de julio y adelantado por eldiario.es, indica que se deben iniciar diligencias conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal debido a la posible comisión de un delito de revelación de secretos.
Esta decisión judicial sigue a una denuncia de la Fiscalía Provincial de Valencia, que advierte que la filtración puede constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos, tipificado en el artículo 197.1 y 3 del Código Penal.
La investigación de la Fiscalía comenzó tras la denuncia de la presidenta de la Aemet, quien informó sobre la publicación en febrero de una conversación, calificada como “reservada”, que se llevó a cabo en el contexto de la gestión de una emergencia. Según la legislación vigente y el artículo 53 de la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana, toda la información sobre emergencias gestionadas por el 112 debe ser utilizada únicamente para su gestión y, una vez concluida esta, puede ser solicitada solo por la autoridad judicial.
El audio fue publicado el 12 de febrero en un medio digital, y la grabación apareció incompleta y manipulada. La Fiscalía señala que estas grabaciones se conservan a través del sistema ‘Coordcom’, en las instalaciones del Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana, situado en l’Eliana.
En cuanto a la competencia territorial del caso, la Fiscalía ha sostenido que debe dirigirse al Decanato de los juzgados de Llíria, ya que la grabación se almacenó en l’Eliana, dentro de su partido judicial.
La jueza ha dispuesto varias medidas, entre ellas, el ofrecimiento de acciones a la Aemet y a la Generalitat Valenciana, así como el encargo al equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Llíria para identificar a las personas implicadas en la conversación. Una vez identificadas, se les tomará declaración como testigos/perjudicadas.
Además, se ha solicitado al medio de comunicación implicado el archivo de audio en cuestión, tanto en su versión completa como la inicialmente publicada.
Finalmente, el Grupo de Delitos Tecnológicos ha sido solicitado para investigar el protocolo de conservación de las grabaciones, el acceso a las mismas y quiénes tuvieron acceso a la grabación denunciada entre el 29 de octubre de 2024 y el 12 de febrero de 2025.
Los documentos aportados incluyen la denuncia de la presidenta de la Aemet y el testimonio de las diligencias policiales de la UOPJ de Valencia, integrados en las actuaciones del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja.
