La jueza encargada del caso relativo a la dana que causó la muerte de 228 personas el 29 de octubre de 2024 en Valencia ha solicitado a Emergencias de la Generalitat Valenciana que identifique a las personas capacitadas para redactar y validar el mensaje de alerta y detalle la formación que dichas personas recibieron. La magistrada, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja (Valencia), ha emitido cuatro nuevos autos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
En uno de los autos, a petición de la acusación popular ejercida por el partido Ciudadanos, se pide que la Conselleria de Emergencias identifique a todas las personas acreditadas para redactar y validar mensajes de Es-Alert al 29 de octubre de 2024, así como información sobre su formación y quiénes estaban en servicio ese día. La resolución recuerda que ya se ha documentado quiénes alertaron a la población el día del episodio.
La instructora enfatiza que no era solo importante el medio utilizado para el mensaje, un mensaje a móviles, sino que su correcta recepción y la relevancia de la autoridad que lo emitía eran críticos para asegurar que la población comprendiera la gravedad de la emergencia y las instrucciones a seguir. El mensaje en cuestión, enviado a las 20:11, apelaba a estar atentos a avisos futuros, que podrían difundirse por medios oficiales como la red social X, el X@GVA112 y la televisión pública À Punt.
El segundo auto desestima una solicitud de la acusación particular para añadir el informe anual de la presa de Forata de 2023, ya que la documentación existente es suficiente y la presa en cuestión no tiene relevancia directa con el caso, ya que se encuentra en una cuenca distinta a la del deceso investigado.
Un tercer auto deniega un recurso interpuesto por Acció Cultural del País Valencià contra la negativa a requerir información sobre los teléfonos móviles oficiales de dos investigados. La jueza reiteró que tal solicitud afecta al secreto de las comunicaciones y solo procedería con base en presuntos delitos dolosos.
Finalmente, se admite la participación de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) como acusación popular, condicionada a depositar una fianza de 6.000 euros en diez días hábiles.
