La jueza que investiga la gestión de la dana en Valencia, donde fallecieron 229 personas, ha solicitado a À Punt y a Emergencias que entreguen en tres días las grabaciones de imagen y sonido de la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024. Esta solicitud se inscribe en el contexto de la causa penal que sigue el Juzgado número 3 de Catarroja. La jueza critica el argumento de secretismo empleado por À Punt para no divulgar las grabaciones, alegando que el interés general y la naturaleza pública de la cadena justifican la entrega de dicho material.
En su orden judicial, la magistrada considera que los principios de interés público y la relevancia de las grabaciones deben prevalecer sobre el secretismo invocado por la cadena de televisión, y cita una sentencia del Tribunal Constitucional que apoya la difusión de este tipo de contenidos sin necesidad de requerimiento previo.
La relevancia de esta información radica en que las grabaciones podrían proveer detalles críticos sobre el proceso de decisión en torno al sistema de alertas ES-Alert y su funcionamiento, en una investigación que evalúa la pérdida de vidas humanas y lesiones durante el desastre.
Las grabaciones difundidas por RTVE, que serán incorporadas al caso, contradicen algunas declaraciones prestadas bajo juramento y muestran que las decisiones se tomaron en presencia de periodistas, lo cual resta confidencialidad al proceso.
Aparte de À Punt, la jueza ha solicitado a Emergencias que remita cualquier recurso periodístico del que disponga en relación con la dana y la reunión del Cecopi. Según el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, se ha ofrecido a entregar cualquier material si se requiere. No obstante, desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se informa que el Cecopi no genera actas, ya que no es un órgano colegiado.
La resolución judicial detalla que los participantes en la reunión del Cecopi incluyeron a personas externas, como el Presidente de la Diputación Provincial de Valencia y la Vicepresidenta Primera del Consell. Contra esta decisión judicial, cabe interponer un recurso de reforma en tres días o uno de apelación en cinco días.
