La magistrada que investiga la gestión del fenómeno meteorológico conocido como DANA ha solicitado a la Conselleria de Emergencias y a la productora contratada por dicho departamento el pasado 29 de octubre, día en el que ocurrieron 229 fallecimientos, la entrega del material de vídeo de ese día sin ningún tipo de edición en su contenido visual y de audio.
Este lunes, la jueza de Catarroja (Valencia) aceptó la petición realizada el viernes anterior por Acció Cultural del País Valencià (ACPV). Dicha entidad había informado sobre un vídeo publicado el 29 de octubre de 2024 en el Instagram de la exconsellera de Interior Salomé Pradas, que contenía imágenes diferentes a las conocidas hasta entonces. El vídeo, de 59 segundos, fue publicado sin sonido y mostraba escenas de la exconsellera en pleno evento climatológico.
ACPV señaló que, tras un minucioso análisis del video, se observaban tomas inéditas hasta ahora: el reloj marcando las 12:46, nuevos ángulos del subdirector de Emergencias Jorge Suárez, y conversaciones de Pradas con técnicos del 112 en momentos inéditos. Además, el vídeo finaliza con el logotipo de la Conselleria de Justicia e Interior.
La jueza ha indicado que el vídeo presentado por ACPV no coincide completamente con el material proporcionado hasta ahora por la Consellería ni por la productora. Basándose en resoluciones previas relacionadas con la causa, la jueza insistió en la necesidad de contar con la grabación íntegra y sin ediciones, subrayando la gravedad de los hechos investigados, que incluyen un resultado muy dañino, y la importancia de conocer el nivel de responsabilidad de la administración y los investigados en la supervisión de los barrancos.
La jueza también ha decidido citar a declarar al asesor de Pradas, siguiendo otra solicitud de ACPV. Este asesor tendrá que aportar los vídeos que grabó el 29 de octubre de 2024 y que están en su poder o en dispositivos de la Conselleria. Además, la jueza ha accedido a cotejar judicialmente el vídeo de ACPV con el reel de Salomé Pradas publicado en Instagram.
En su cuenta, Pradas había publicado un mensaje: “Pedimos mucha precaución a los vecin@s de los municipios por donde discurren el río Magro y el barranco del Poyo. Hemos decretado la emergencia hidrológica en esas zonas. Nivel 2 de emergencia en Requena / Utiel. Hemos solicitado colaboración UME”. A esta publicación, Pradas respondió en Instagram: “Menuda novedad: un año después algunos se enteran de que estuve al pie del cañón toda la jornada”, ante la solicitud de ACPV.
En otra resolución del mismo día, la jueza rechazó una solicitud de la defensa de Pradas y del exsecretario autonómico Emilio Argüeso para pedir a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el acta de la reunión del 19 de diciembre de 2024, ya que no está relacionada con los hechos investigados. Además, reafirma que la vigilancia de los barrancos es responsabilidad del Centro de Coordinación de Emergencias.
La jueza concluye que no hubo seguimiento del caudal en los barrancos tributarios del Poyo y que los fallecimientos por ahogamiento en Godelleta, Turís y Torrent ocurrieron entre las 16:45 y 17:30 horas. Estos eventos coinciden con un estudio publicado en la revista ‘Investigaciones Geográficas’, que analiza la precipitación en la rambla de Poyo y determina que los volúmenes no aforados fueron significativos, especialmente durante la segunda fase del evento, la más crítica. El informe sugiere que la escorrentía que llegó primero a l’Horta Sud provino del barranco de l’Horteta y las cuencas de las partes bajas del Poyo.
