Un juzgado en Catarroja, que investiga la gestión de la DANA, ha solicitado a la Conselleria de Emergencias que provea una lista de personas acreditadas para ingresar y circular en el Centro de Emergencias de la Generalitat en l’Eliana el pasado 29 de octubre. La petición incluye nombres que no tienen relación laboral con el organismo, especificando detalles como la persona a visitar, el motivo de su presencia, la autorización particular para desplazarse dentro del centro, así como la hora de llegada y salida.
En la providencia, emitida el viernes pasado, la magistrada respondió a un requerimiento de Acció Cultural del País Valencià. Solicitó a la Conselleria un informe detallado sobre los requisitos de acreditación para personas ajenas al CEE, los tipos de acreditaciones entregadas y las facultades de movilidad permitidas con dichas acreditaciones.
La jueza también instó a la Letrada de la Administración de Justicia a verificar los mensajes de WhatsApp del 29 de octubre entre Juan Francisco Pérez Llorca, entonces síndic del PP en les Corts y ahora candidato a presidente de la Generalitat, y los investigados Salomé Pradas y Emilio Argüeso, responsables de Emergencias en ese momento, así como con Carlos Mazón, quien era el president de la Generalitat en funciones. El testigo, Pérez Llorca, ha accedido a facilitar, en un plazo de cinco días, la factura del teléfono corporativo del Ayuntamiento de Finestrat, donde es alcalde, que utilizó para comunicarse con Mazón y Pradas a las 18:57 horas y en los minutos siguientes durante el día de la DANA. La jueza busca determinar, mediante esta factura, si las llamadas fueron entrantes o salientes, su duración y el orden en que ocurrieron.
Además, se requirió a El Español aportar copias de los vídeos difundidos el día de la DANA que provengan de cualquier organismo oficial de la Generalitat Valenciana u otras fuentes gubernamentales oficiales de la región, especialmente aquellos publicados en la cuenta oficial de Emergencias de la Comunitat Valenciana 112 en la red social X.
Asimismo, se solicitó a la Generalitat entregar todos los vídeos divulgados a través de sus cuentas oficiales en redes sociales el 29 de octubre de 2024, precisando el horario de su publicación.
