En concreto, el documento establece la exigencia del certificado A2 para la agrupación profesional funcionarial, del B1 para el subgrupo C2 y del B2 para el grupo B y el subgrupo C1, según han informado a Europa Press fuentes de la Conselleria. Respecto a la exigencia para los grupos A1 y A2, la Comisión traslada dos alternativas que la Conselleria de Justicia “estudiará” para elaborar el decreto: exigir B2 o el C1.
Asimismo, la Comisión ha acordado que el decreto que regule la capacitación del valenciano debe ir acompañado del decreto de homologación de la Conselleria de Educación, que determinará qué nivel lingüístico de valenciano podrá acreditar el alumnado cuando finalice cada una de las etapas educativas.
El objetivo es que al terminar Bachiller se obtenga el certificado B2 con efectos retroactivos -hasta ahora se da el B1-. Por lo tanto, valora la Conselleria de Justicia, la competencia lingüística acreditada al terminar el instituto “permitirá acceder a la mayoría de los empleos de la Administración valenciana”.
El informe de la Comisión recuerda que el Artículo 6 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana contempla que corresponde a la Generalitat garantizar el uso normal y oficial del valenciano, así como del castellano, sin que ninguna persona pueda ser discriminada por razón de la lengua empleada.
