Las plataformas personadas piden también congelar las participaciones de su empresa y de las marcas de la Complutense. La Fiscalía y las defensas solicitan el sobreseimiento libre de la causa al descartar la existencia de delitos.

Redacción | valencianoticias.com Martes, 16 de junio de 2026

El frente judicial en torno a la actividad profesional e institucional de la esposa del presidente del Gobierno central entra en una fase decisiva de pulso de medidas restrictivas. Las acusaciones populares personadas en el procedimiento, bajo la dirección jurídica de la plataforma Hazte Oír, han ratificado de forma íntegra su petición formal de retirar el pasaporte, prohibir la salida del territorio nacional e imponer la obligación de comparecer con carácter quincenal ante la sede judicial a Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. La ofensiva legal busca blindar el control de los investigados ante un hipotético escenario de enjuiciamiento.

Según han confirmado fuentes jurídicas tras la celebración de la audiencia preliminar y la correspondiente vistilla de medidas cautelares en los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), las peticiones de restricción patrimonial han ido un paso más allá. Los colectivos de la acusación han exigido formalmente al instructor que bloquee de forma cautelar la libre disposición de las participaciones de la sociedad mercantil de Gómez, así como el uso de los registros de marcas asociadas a las cátedras y másteres de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que se encuentran bajo el foco de las pesquisas.

[Imagen de archivo de la investigada Begoña Gómez durante una comparecencia parlamentaria para analizar los programas de posgrado]

Tres investigados en el banquillo y medidas diferenciadas

La sesión judicial de este lunes se ha prolongado durante más de tres horas en el complejo de Plaza de Castilla. A la citación del magistrado instructor, Juan Carlos Peinado, estaban llamados a declarar la propia Begoña Gómez, su asesora personal en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario del sector tecnológico Juan Carlos Barrabés. Todos ellos se mantienen formalmente en calidad de investigados dentro del denominado ‘caso Begoña Gómez’.

El bloque de las acusaciones ha articulado estrategias diferenciadas para cada uno de los implicados. Para la asesora gubernamental, Cristina Álvarez, han reclamado idéntico paquete de restricciones de movilidad (retirada del documento de viaje, arraigo nacional y firmas quincenales en la oficina del juzgado), dejando al margen las disposiciones puramente empresariales de las que carece. Por el contrario, los letrados de las acusaciones han optado por no solicitar ningún tipo de medida cautelar restrictiva o de control policial sobre el empresario Juan Carlos Barrabés.

A pesar de la insistencia de las acusaciones tras el turno de intervenciones, el juez instructor Peinado ha decidido posponer su resolución definitiva sobre las medidas cautelares solicitadas. El instructor —que ya ha propuesto de forma inicial juzgar la causa mediante el procedimiento del Tribunal del Jurado por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca— notificará un auto resolutorio a las partes en los próximos días.

La Fiscalía y las defensas cierran filas para exigir el archivo

La postura del Ministerio Fiscal y de los abogados de los tres encausados se ha situado en las antípodas de las pretensiones de las acusaciones. Durante la audiencia preliminar, tanto la Fiscalía como las defensas técnicas han solicitado de forma unánime el sobreseimiento y archivo de las actuaciones al entender que la instrucción carece de base penal sólida.

El letrado defensor de Begoña Gómez ha reclamado la libre absolución de su representada en el supuesto de que el proceso termine derivando en la apertura de juicio oral. La defensa sostiene en su escrito que los hechos analizados por el juzgado de instrucción nº 41 de Madrid “no son constitutivos de infracción penal alguna” y ha afeado la “manifiesta mala fe procesal” que, a su juicio, caracteriza el comportamiento de las plataformas personadas.

Por su parte, el Ministerio Fiscal ha avanzado que, en el caso de que la Audiencia Provincial de Madrid estime pertinente sentar a los investigados en el banquillo de los acusados, mantendrá una posición firme solicitando la absolución de Gómez, Álvarez y Barrabés. La postura contrasta radicalmente con los escritos de Hazte Oír, donde se solicitan penas que alcanzan los 24 años de prisión para la esposa del presidente y 22 años de cárcel para su asesora Cristina Álvarez al etiquetarla como cooperadora necesaria del fraude, además de exigir seis años de privación de libertad para el empresario Barrabés.

Nacional y Comunitat: Actualidad de este martes 16 de junio

El pulso judicial en los juzgados de Madrid comparte espacio en las páginas de actualidad de la Comunitat Valenciana con las siguientes noticias:

• Sanidad: Caos circulatorio en los accesos hospitalarios de Valencia tras los cortes de calles ejecutados por los médicos de CESM-CV en La Fe y el Peset en el arranque de su quinta semana de huelga.
• Sucesos: El Seprona de Valencia arresta a un administrador de fincas y a un constructor que retiraron de forma clandestina amianto tóxico a cincel en un bloque residencial de la capital, generando nubes de polvo.
• Logística: El holding aeronáutico Boost Air confirma un plan de inversión de 40 millones de euros para implantar un hangar de mantenimiento de 33.000 metros cuadrados en el aeropuerto de Valencia que generará 400 empleos.
• Tráfico: Un motorista de 35 años fallece y una joven de 24 resulta herida grave tras salirse de la vía e impactar contra la mediana en la carretera N-332 a su paso por el término municipal de La Vila Joiosa.