La asesora de Begoña Gómez se niega a entregar el pasaporte al juez Peinado

La defensa de Cristina Álvarez sostiene que existe jurisprudencia consolidada que impide exigir al investigado documentación probatoria.

La defensa de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, ha presentado un escrito ante el juez Juan Carlos Peinado en el que rechaza entregar su pasaporte, tal y como había solicitado el instructor en el marco de la investigación abierta por un presunto delito de malversación.

El magistrado pretende cotejar los viajes al extranjero en los que habrían coincidido Begoña Gómez y su asesora, con el objetivo de determinar si existió una utilización irregular de recursos públicos vinculados a la actividad privada de la esposa del presidente del Gobierno.

La defensa invoca el derecho a no aportar pruebas contra uno mismo

En el escrito presentado ante el juzgado, el abogado de Álvarez recuerda que existe una “jurisprudencia pacífica” que exime al investigado de aportar documentación con valor probatorio. Según argumenta, exigir este tipo de información vulneraría el derecho fundamental a guardar silencio y trasladaría indebidamente al investigado la carga de la prueba.

El letrado sostiene que corresponde exclusivamente a la acusación acreditar los hechos investigados y que no es legítimo obtener pruebas mediante requerimientos que puedan interpretarse como una forma de presión o coacción sobre la persona investigada.

Investigación por presunta malversación

La causa se centra en determinar si Cristina Álvarez, que percibe un salario público, desempeñó funciones que habrían excedido sus competencias como asesora institucional y que habrían estado relacionadas con actividades privadas de Begoña Gómez.

Según la tesis que investiga el juzgado, la coincidencia de viajes al extranjero podría ser uno de los indicios para esclarecer si existió un uso indebido de medios públicos. La negativa a entregar el pasaporte ha llevado al juez a valorar otras vías para obtener esa información.

Denuncia por filtraciones desde el juzgado

El escrito de la defensa también denuncia la existencia de una presunta filtración desde el propio juzgado. Según expone el abogado, un medio digital publicó que el juez había solicitado la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras la negativa de Gómez y Álvarez a entregar sus pasaportes.

La defensa subraya que esta información se difundió unas quince horas antes de que la providencia judicial fuera notificada oficialmente a las partes, lo que, a su juicio, constituye una vulneración grave del procedimiento.

Por este motivo, el letrado solicita al juez Peinado la apertura de una pieza separada para investigar el origen de la filtración y depurar posibles responsabilidades.

Un nuevo frente en una investigación controvertida

La negativa a entregar el pasaporte y la denuncia por filtraciones añaden un nuevo episodio a una investigación que ha generado un intenso debate jurídico y político. La defensa insiste en que se están vulnerando garantías básicas del proceso penal, mientras el instructor mantiene abiertas distintas diligencias para esclarecer los hechos.

El juzgado deberá resolver ahora si acepta los argumentos de la defensa o si adopta nuevas medidas para recabar la información solicitada por otras vías legales.