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La sección tercera de la Audiencia de Valencia ha confirmado la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de València de archivar la causa abierta contra Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, por un presunto fraude de subvenciones al empresario Francis Puig, hermano del presidente del Consell, Ximo Puig, y a los Adell Bover.
La resolución, consultada por Europa Press y contra la que ya no cabe recurso posterior, desestima el recurso de apelación interpuesto por el Partido Popular contra la decisión del juzgado instructor que acordó el sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias en relación a Trenzano.
El juez instructor accedió a la petición de la defensa de Trenzano, quien había solicitado el archivo de las actuaciones alegando que no había llevado a cabo ninguna conducta delictiva. El PP recurrió esta decisión y el ministerio fiscal informó favorablemente a este recurso de los ‘populares’, mientras que Trenzano y el resto de los investigados se opusieron.
Este caso se inició con la querella del PP por presuntos delitos contra la hacienda pública, prevaricación y malversación contra Francis Puig, director ejecutivo y consejero delegado de Comunicació dels Ports S.A. y administrador de Mas Mut Produccions, y contra Rubén Trenzano, a quien se le atribuía la ausencia de acreditación de cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión de subvenciones a Francis Puig. Posteriormente, se amplió la querella contra Enrique Juan Adell Bover como administrador de la empresa Canal Maestrat y Kriol Produccions.
En marzo de 2022 se acordó la declaración como investigado de Francis Puig pero no de Rubén Trenzano, que no ha llegado a declarar en esta causa. El instructor, al archivar, entendía que continuar la instrucción «teniéndole como investigado sería tanto como aplicarle la pena de banquillo» y añadía que, además, las diligencias practicadas «no aportaron indicios suficientes» para esa comparecencia como investigado.
Ahora, la sala señala en el auto que cierra definitivamente la causa para Trenzano que comparte la decisión del instructor y, al margen de los argumentos estrictamente formales –la no declaración–, se apunta a motivos de fondo de «absoluta ausencia de indicios de criminalidad» en la actuación del director general y en que las diligencias pendientes de practicar encaminadas a concretar si hubo fraude de subvenciones por los investigados o posible falsedad documental en el caso de Francis Puig o los Adell Bover, son delitos en los que Trenzano no tendría ninguna participación.
Además, recuerda que esta no es la primera ocasión en la que el Juzgado de Instrucción número 4 de València se pronuncia al respecto porque en junio de 2022 se denegó la declaración de Trenzano que pedía el PP, al recoger expresamente que «de los resultados de las diligencias practicadas no han variado las circunstancias por las que no se ha acordado su declaración».
Y ese auto devino firme al no ser recurrido por ninguna parte, ni aprovechó ninguna acusación para invocar posibles indicios de responsabilidad penal ni en qué medida el resultado de las periciales pendiente puede influir al respecto.
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