La Audiencia Nacional juzga la mayor operación crediticia del Banco de Valencia

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La Audiencia Nacional juzga desde este lunes al ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra por administración desleal en la «mayor operación crediticia» de la entidad, que concedió 312 millones de euros al grupo del empresario Bautista Soler para la compra de una participación en Metrovacesa.

La Fiscalía Anticorrupción, que contempla como alternativa una posible apropiación indebida por gestión desleal, pide para él cuatro años de prisión como autor de un delito por el que solicita idéntica pena para el patriarca de los Soler, su hija María Victoria y el marido de ésta, Vicente Fons.

Reclama asimismo una indemnización de unos 94 millones de euros para el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), que inyectó 4.500 millones de euros públicos para sanear la entidad, hoy integrada en CaixaBank.

Penas que el banco catalán, representado por el abogado Carlos Gómez Jara y que cede su «derecho al cobro» al FROB, endurece hasta los seis años de cárcel por un posible delito adicional de estafa.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público relata cómo la entidad valenciana aprobó la financiación -desarrollada entre enero y marzo de 2007- sin «un análisis suficiente de su viabilidad y sin la adecuada participación de los empleados que tenían encomendada la función de análisis y evaluación de riesgo».

La recuperación de estos fondos, prosigue, «se hacía descansar casi en exclusiva» en unas garantías que «no pudieron absorber las pérdidas derivadas del impago de los préstamos», que generaron un perjuicio de 93,9 millones de euros.

Según relata la fiscal Sandra María Fagil, esta operación, con la que los Soler querían adquirir la participación del 2,4 por ciento que la CAM tenía en la promotora, «constituyó la mayor operación crediticia» de la historia del banco, no en vano representaba el 23,9 por ciento de sus recursos propios.

Unos niveles que «contravenían» los acuerdos del propio consejo de administración de Banco de Valencia, que «limitaban la concentración de riesgos al 15 por ciento».

La Fiscalía considera probado que ninguna de las decisiones «fueron aprobadas en su totalidad ni por el consejo ni por la comisión ejecutiva».

 

 

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