Valencia Noticias | Agencias.- El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional denegó la petición de traslado a cárceles del País Vasco a 30 presos de ETA, ya que afirma que el hecho de que cumplan condena en un centro distinto del solicitado no vulnera sus derechos ni supone un “trato inhumano ni degradante”.
En sendos autos, la juez explica que no se acredita ninguna vulneración de sus derechos (habían alegado violación de los derechos a las comunicaciones y visitas, defensa y asesoramiento jurídico, asistencia médica y a la cultura y educación) por no estar internos en cárceles vascas.
Esta decisión afecta, entre otros, a los históricos dirigentes etarras Francisco Múgica Garmendia, ‘Pakito’, y José Javier Arizkuren, ‘Kantauri’.
También a Henri Parot, condenado por numerosos atentados con muertos; Felipe San Epifanio, exjefe del comando Barcelona de la banda, y Xabier Alegría, representante del colectivo de presos de ETA (EPPK) y condenado por pertenencia.
La juez también denegó el traslado a Pablo Gorostiaga, exalcalde de Llodio (Álava) sentenciado por colaborar con ETA, pero este salió de la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) el pasado día 22.
La magistrado María de los Reyes Jimeno, que aún tiene pendiente dictar resolución sobre otros 30 recursos de presos etarras que han pedido lo mismo, recuerda en los autos que el juez de vigilancia no decide sobre los traslados ni destinos, competencia de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pero sí tiene la función de velar por los derechos de los presos.
De esta manera, explica que “la posibilidad de control de la decisión de traslado de centro penitenciario por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria es ciertamente excepcional” y solo puede actuar si la decisión de la administración “ha producido una clara vulneración de los derechos fundamentales y penitenciarios del interno susceptible de ser corregida por la vía de traslado”, cosa que no ha ocurrido en estos casos.
En el auto referido al exdirigente Múgica Garmendia, que pedía su cambio a la cárcel de Zaballa, en Álava, para seguir cumpliendo su condena por varios delitos de asesinato, entre otros, la juez rechaza que se haya vulnerado ninguno de los derechos alegados.
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